Colombia y Nicaragua comenzarán una segunda ronda de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya este año, para establecer si el tribunal tiene competencia respecto a los litigios promovidos por Managua sobre las fronteras marítimas del Caribe.

Tras una primera fase de audiencias públicas la semana pasada, en las que Bogotá presentó objeciones a la competencia de la CIJ en una demanda presentada por Managua en 2013, ambos países se reencontrarán nuevamente para tratar otro reclamo de Nicaragua.

En septiembre de 2013, Managua solicitó a la CIJ que falle y declare “el rumbo exacto” de su plataforma continental en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas, si perjuicio de derechos de terceros estados. Para Managua, la Corte no se pronunció sobre este tema en una sentencia emitida en 2012 que ratificó la soberanía colombiana sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés y cayos adyacentes, pero concedió a Nicaragua una amplia zona en el mar Caribe, antes bajo dominio de Bogotá.

Sin embargo, según Managua, ese fallo dejó abierta la posibilidad de que la CIJ se pronunciara al respecto en una etapa posterior, para Nicaragua. Así, luego de que ese país pidiera a la CIJ su injerencia, Bogotá presentó objeciones preliminares, que desconocen la potestad de la Corte. Las audiencias tienen como fin escuchar los argumentos de ambas partes para determinar si el tribunal tiene jurisdicción.

“Estamos en una etapa procesal incidental referida única y exclusivamente a quién tiene la razón de si (la CIJ) tiene la jurisdicción o competencia” para conocer el caso, el experto nicaragüense en derecho internacional Mauricio Herdocia.

“En esta fase no se tratará el tema de fondo aunque inevitablemente los países se terminan refiriendo a ello”, sostuvo Herdocia.

Cosa juzgada

Colombia sostiene que, contrario a lo esgrimido por Nicaragua, la CIJ ya definió en el fallo del 19 de noviembre de 2012 “todos los asuntos relacionados con la delimitación marítima” entre ambos países, por lo que para Bogotá, se trata de “cosa juzgada”, según fuentes de Cancillería.

Argumenta además que, como se salió “con efecto inmediato” del Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012, con el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ, el alto tribunal ya no puede dirimir las disputas entre ambos países.