El fantasma de la trashumancia electoral hizo de las suyas este año en los 40 municipios de Norte de Santander. No obstante, las autoridades electorales pudieron detectar a tiempo el fenómeno que se presenta como una de las principales amenazas de la transparencia de los procesos democráticos.

Aunque inicialmente se habían presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 58 denuncias, correspondientes a 25 municipios en los que fue evidente el aumento irregular en el número de inscritos y la presencia de personas que no habitaban en los lugares en los que se registraron, al final se detectó que en la totalidad de poblaciones del departamento hubo trasteo de votos para las elecciones del 25 de octubre.

De acuerdo con el CNE, de las 229.164 inscripciones que se dieron hasta el pasado 25 de agosto en esta zona del país, 56.603 tuvieron que ser anuladas, toda vez que se detectaron irregularidades en la información de los titulares de las cédulas.

La decisión se tomó luego de cotejar los registros que se hicieron durante los 10 meses que se fijaron de plazo para cumplir con este procedimiento, con las bases de datos de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), el  Sisbén y el Fosyga.

Entre los municipios en donde fue necesario rechazar el mayor número de documentos inscritos, por cuanto no se pudo comprobar que sus dueños residieran en la localidad en la que manifestaron la intención de votar figuran: San Cayetano, Santiago, Lourdes, Cáchira, La Esperanza, Bochalema, Bucarasica y Sardinata,

Estas localidades registran porcentajes de anulación por encima del 70%, lo que llamó la atención de las autoridades, puesto que es alarmante el número de personas que, al parecer, fue trasteada de un lugar a otro, con el propósito de beneficiar a determinados candidatos. (Ver cuadro ‘Cédulas’).

De hecho, en esta oportunidad y por primera vez, Norte de Santander, particularmente, terminó como uno de los departamentos con más inscritos. Esto llevó a que la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral  ubicaran a la región como una en las que prima el riesgo por fraude para los comicios que se avecinan.

A nivel nacional

En Colombia, el porcentaje de cédulas anuladas  alcanzó el 42,2%, lo que equivale a 1’605.099 de documentos, de los 3’803.114 inscritos hasta el 25 de agosto.

“Esto realmente no tiene precedentes. Este proceso lo teníamos con 879 municipios el viernes pasado, superando así el número de municipios propuestos a partir de las quejas recibidas en 726 de ellos, pero la Sala Plena del CNE tomó la decisión de llevar el proceso a todo el país”, manifestó el presidente del organismo electoral, Emiliano Rivera.

Felipe García Echeverry, vicepresidente del tribunal electoral, destacó que por primera vez en la historia electoral del país, el CNE revisó la totalidad de las inscripciones, ante el elevado número de casos de trashumancia y como una manera de empezar a ponerle fin a este delito.

“Quisimos llevar las investigaciones y los cruces de las bases de datos a todo el país  porque tomamos la decisión de que este año fuera el principio del fin de la trashumancia en Colombia”, dijo

El magistrado lamentó que pese al esfuerzo que se hizo para terminar la anulación de inscripciones en seis semanas, si se hubiera contado con más tiempo y recursos económicos, se podría haber eliminado la porción de trashumancia histórica que aún queda en el país.

Lo que sigue

Una vez expedidas las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral certificó los casos en los que se registró trashumancia, el tribunal remitió copia al registrador delegado para lo electoral, la Dirección de Censo Electoral, la Gerencia de Informática de la Registraduría y la Delegación Departamental de Norte de Santander.

Las decisiones fueron publicadas en la página web del CNE y la Registraduría, como una forma de tener acceso a ellas.

Los afectados tendrán derecho a interponer el recurso de reposición en un lapso de cinco días, posteriores a la notificación de la resolución. En este tiempo podrán demostrar, si es el caso y con los respectivos soportes, que su inscripción no tiene lugar a ser anuladas.

De acuerdo con la normatividad electoral, a quienes se les comprobó que incurrieron en trashumancia les anularán la inscripción, lo que no implica que no puedan ejercer su derecho a sufragar el día de las elecciones. Estos ciudadanos deberán votar en el lugar donde lo hicieron la última vez.

El organismo electoral también ordenó remitir el material probatorio de cada uno de los casos a la Unidad Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía para que determine en qué delitos pudieron haber incurrido los involucrados.

Lo mismo hará ante la Procuraduría “para la evaluación de las conductas imputables a los sujetos destinatarios del control disciplinario”.