La fiscalía venezolana investiga el asesinato de dos indígenas wayúu ocurrido el pasado fin de semana en el extremo norte de la frontera con Colombia, donde está vigente un Estado de Excepción desde comienzos de septiembre, indicó el organismo este lunes.

"El Ministerio Público designó a los fiscales 76° Nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales y 91° nacional en materia Indígena, Alejandro Méndez y Carlos Parabia respectivamente, para investigar la muerte de Henry Silva y Elbert Ramírez, pertenecientes a la comunidad indígena Wayúu, ocurrida en horas de la tarde del pasado sábado 19 de septiembre", señaló un comunicado.

La fiscalía detalló que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) iniciaron las pesquisas en el sector de Neyma, en el municipio Guajira del estado de Zulia, donde se encontraban Silva y Martínez "cuando recibieron varios disparos que les causaron la muerte".  

Guajira es uno de los 16 municipios fronterizos con Colombia, de un total de 23, en los que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción, según ha dicho, para luchar contra el contrabando y el paramilitarismo.

Las medidas del gobierno venezolano también incluyen el cierre de amplios sectores de la zona limítrofe.

El estado de excepción, que Maduro ordenó en varios municipios de Táchira el pasado 19 de agosto y que luego extendió a otros territorios de los estados de Zulia y Apure, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.

Maduro adoptó esas medidas tras un ataque a balazos de desconocidos que dejó a tres militares y un civil venezolanos heridos, cuando realizaban una operación anticontrabando, y que el jefe de Estado atribuye a paramilitares colombianos implicados en el narcotráfico.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.

Caracas | AFP