En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó ya han recibido 2.000 quejas por parte de los colombianos deportados, dijo que ya se puso en marcha un plan adicional por el cierre de Paraguachón y le pide a Venezuela que cumpla con la ley de su país sobre deportación.

Así como la ministra María Ángela Holguín, el Defensor del Pueblo le pidió al vecino país que se cumpla con lo que ordena la ley venezolana a la hora de deportar a los colombianos. “Lamentablemente nos hemos encontrado que con la ley 3794 que trae todo un procedimiento para poder deportar a un extranjero de Venezuela a otro país, en este caso a un colombiano, no se ha cumplido”, dijo.

El defensor explicó que en la norma “se habla de una notificación, de una audiencia verbal, de nombrar a un abogado, de apelar las sanciones administrativas de expulsión y lamentablemente a los colombianos sin fórmula de juicio, sin aplicar las mismas leyes venezolanas se les está desconociendo los derechos humanos”.

Otálora también hizo mención de la gira que está realizando la Canciller colombiana, en la que hoy se encontrará con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, y explicó que lo que se quiere “es que se genere un escenario con un organismo multilateral donde se puedan discutir todas estas denuncias que hemos venido planteando nosotros. (…) Esto no está encaminando a otro objetivo de permitir que de manera internacional se discuta esta problemática”

El Defensor reiteró que Venezuela está en todo su derecho de decretar más cierres de frontera y que mientras tanto, hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se están trasladando a la zona, como parte de un plan adicional, para poder ayudar a los colombianos deportados y retornados.

La tutela

Las declaraciones del Otálora se dieron en marco del primer debate del proyecto con el cual se quiere agilizar el trámite de la tutela.

Dentro de los aspectos que enuncia el proyecto se encuentra la posibilidad de acumular las tutelas para eliminar la 'tutelatón'; ordenar que cualquier petición o consulta por parte de los abogados se dé por escrito a los jueces y de ser necesario se convoque a las dos partes para ser más transparentes en el proceso; y que el juez tenga la posibilidad de implementar sanciones para quienes no cumplan con los fallos de la tutela.

“Hay una figura importante y es el tema del desacato. No había término para que un juez se pronunciara sobre un fallo sobre el que él ya se había pronunciado y que no le obedecieron su sentencia (…). Aquí se les está dando una orden perentoria para que ese juez en diez días falle el desacato e imponga las sanciones a la institución que corresponda por no haber cumplido con el fallo”, explicó el Defensor.

*Colprensa