La situación en San Antonio del Táchira luego de una semana del Decreto de Estado de Excepción emitido por el presidente Nicolás Maduro y que abarca a seis municipios del estado Táchira, es, cuando menos, excepcional.

Las calles de las poblaciones fronterizas evidencian que la ciudadanía aún no se recupera del impacto de encontrarse inmersa en el ojo de toda la opinión pública nacional e internacional, y bajo la presión del asedio militar desplegado –ahora más que nunca– en toda la zona.

Escasos vehículos, pocos transeúntes que caminan rápido y en pequeños grupos por aceras vacías; seguidos por la atenta mirada de los uniformados que han sido apostados en cada esquina de las principales calles de la ciudad.

La circulación por la Avenida Venezuela –que ironía– , ha sido restringida a los venezolanos, quienes deben tener autorización emanada de alguna instancia militar, para poder utilizar esta vía; por ella sólo pueden circular colombianos con pasaporte, dispuestos a regresar a su país de origen.

Buena parte de los establecimientos comerciales permanecen cerrados, y los que han abierto sus puertas por temor a las presiones gubernamentales, no reportan mayor afluencia de compradores. Excepto, claro, aquellos dedicados a la venta de alimentos. Allí se registran grandes aglomeraciones de personas, en búsqueda de productos para alimentar a sus familias; sobre todo si se trata de productos regulados o escasos.

No faltan, y demás está decirlo, los bachaqueros de siempre, quienes pese al cierre de fronteras continúan a la caza de productos para revenderlos a precios exorbitantes, aprovechándose de la necesidad de quienes por razones de salud o trabajo no pueden permanecer largas horas al sol y al agua en las colas. Así mismo, los precios de algunos rubros como la carne han disminuido en forma notoria.

El parque industrial luce semi paralizado; según las cifras suministradas por el presidente de la Cámara de Comercio del Táchira, Daniel Aguilar, las pérdidas superan los dos millones de dólares.

“Hay muchos trabajadores a quienes no se les ha permitido acudir a sus puestos de trabajo; las empresas han tenido que reajustar sus horarios y sus turnos de trabajo; muchos industriales tienen mercancía que quedó represada en la aduana colombiana, cuyos costos de mantenimiento allí son sumamente elevados, por lo que pedimos a las autoridades gestionar su inmediata repatriación”, dijo.

Las secuelas sociales también son incalculables; se calcula que al menos 5.000 personas han cruzado –legal o ilegalmente– la frontera desde que se decretó el Estado de Excepción.

Muchos de ellos han optado por transportar sus enseres a la espalda y atravesar el río Táchira para intentar salvar algunas de sus pertenencias, mientras sus casas en Venezuela, construidas en una invasión que data de hace 10 años, fueron arrasadas por maquinaria pesada, dejando toda la zona convertida en un terraplén desolado y polvoriento.

Otros se arriesgan un poco más allá, y por la zona de La Mulata, cancelan cerca de 3.000 bolívares para cruzar la frontera amparados por militares venezolanos, que han encontrado allí una nueva forma de hacer negocio. Por allí también se moviliza –aunque en menor medida que antes–, mercancía de contrabando.

El general Carlos Martínez, Autoridad Única de la zona de Excepción ha exhortado a un “desalojo voluntario” de personas colombianas que residan en sectores invadidos ubicados en el resto de los municipios arropados por el Estado de Excepción y se han establecido acuerdos, para permitir a algunos de los primeros deportados, regresar por lo que quede de sus pertenecías, con el acompañamiento de las autoridades colombianas.

Hasta ahora, no se vislumbra fecha para el cese de esta situación, que según lo expresado por el presidente venezolano se mantendrá “por el tiempo que haga falta”, hasta que Colombia prohíba la comercialización de productos provenientes del contrabando y cese la “guerra” contra la moneda venezolana en la frontera.

Mientras tanto, venezolanos y colombianos a uno y otro lado de la frontera sufren las consecuencias de esta situación excepcional.

Venezuela actúa fuera de la ley

Es fácil para un gobierno dar el paso al otro lado de la ley ante los extranjeros.

Todo país decide de manera soberana qué extranjeros pueden vivir dentro de su territorio. A los demás, les niega esa posibilidad.

Para ello existe la figura del retorno, que puede ser mediante devolución, repatriación voluntaria o involuntaria, deportación o expulsión.

Todas estas figuras son legales, aceptadas internacionalmente.

Sin embargo, por razones de Estado, los gobiernos violan estas normas y prefieren la condena internacional al deterioro de sus condiciones internas.

Las medidas adoptadas por Venezuela en el marco del Estado de Excepción, son ilegales, porque violan tratados internacionales que las prohíben.

Pero, además, son violaciones de lesa humanidad, por cuanto obedecen a un ataque sistemático contra un segmento de la población, causan graves sufrimientos y atentan contra la salud física y mental de los colombianos que han tenido que salir.

Que otros estados las hayan aplicado, no exime a Venezuela de su responsabilidad en el retorno masivo de colombianos que está provocando.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la expulsión colectiva o en masa de extranjeros como grupo está prohibida por numerosos instrumentos internacionales, excepto cuando la medida tiene como base el examen individual y objetivo de cada individuo.

Países como Estados Unidos practica la deportación en masa: se calcula que en los últimos seis años, Washington ha deportado a casi dos millones de extranjeros, en su gran mayoría latinoamericanos (mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos y peruanos, entre los más). Sin embargo, cada deportado ha sido sometido a un proceso administrativo que casi siempre pasa por el arresto.

Guatemala demandó a Estados Unidos ante la Cidh por deportación masiva de sus ciudadanos, a raíz de una redada en Cactus, un pueblo del norte de Texas, de donde la Policía de Inmigración y Aduanas se llevó y deportó a decenas de obreros y obreras de una planta de cárnicos.

Los hijos de esos inmigrantes irregulares deportados quedaron abandonados: no podían enviarlos fuera, pues eran ciudadanos estadounidenses; luego de un largo proceso, las familias se reunificaron en Guatemala.

República Dominicana está enfrascada en un proceso de repatriación de unos 180 mil haitianos que incumplieron el plazo del 18 de junio fijado por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Condición Migratoria Irregular.

La declaración dominicana de que no hará deportaciones masivas no ha sido suficiente para quitarle la cubierta de ilegalidad a la medida.

El hecho de que Venezuela haya deportado solo a un poco más de mil colombianos, porque vivían como inmigrantes irregulares, obligó a otros miles a dejar ese país, en una repatriación con apariencia voluntaria, pero realmente forzada por las circunstancias creadas por el gobierno, aun contraviniendo normas constitucionales.

Además, el gobierno venezolano desconoce que la deportación no priva al colombiano deportado de sus derechos financieros y de progenitor o de padre de familia, ni del control de sus propiedades.

La destrucción de viviendas, otra acción ilegal, tampoco es exclusiva del repertorio de medidas venezolanas.

Aún estos días, en Israel, por ejemplo, barrios enteros de palestinos son destruidos, incluso con bombas, en una acción que continúa pese al repudio mundial. Las imágenes tomadas en San Antonio, de la destrucción de casas de colombianos, son idénticas a las de Israel.

Otro método, al que aún no apela Venezuela, es la expulsión, medida que se toma de ordinario con delincuentes extranjeros que pagaron su pena y deben dejar el país. Generalmente, a diferencia del deportado, que puede hacerlo en unos 10 años, el expulsado no puede retornar jamás.