Es una situación de emergencia para todos, no solo para quienes debieron volver a Colombia presionados por el estado de excepción y los controles migratorios en busca de inmigrantes irregulares en los poblados fronterizos de Táchira.

Y —aunque algunos la asocian con nuestros patrones culturales— la negligencia ha impedido que en Cúcuta haya planes destinados a enfrentar situaciones como la que vivimos en estos días, con la llegada masiva de colombianos deportados.

Solo pasó un día de deportación en masa, y ya los centros de refugio dijeron que no pueden seguir recibiendo personas, en una situación que hace más dramático todo y que revela la falta de planes de contingencia, por puro descuido, por falta de iniciativa, porque ningún funcionario ha tenido la voluntad política para diseñarlos y llevarlos a la práctica, todo lo cual no es otra cosa que negligencia.

Varias voces, incluida esta, han planteado la necesidad de que el municipio y el departamento estén preparados para la llegada masiva de colombianos procedentes de Venezuela en circunstancias forzosas.

Hasta ahora, ninguna sugerencia ha encontrado eco, y por eso hoy, a la carrera, se intenta aliviar la situación de quienes llegan del otro lado de la frontera. Pero ¿dónde están los hogares de paso que acojan a todos estos colombianos que llegan y que deben continuar hacia sus lugares de origen? No los hay. No hay nada de nada.

Porque, lo dice la lógica, los deportados que buscan apoyo no son cucuteños, ni al menos nortesantandereanos, pues si lo fueran, les bastaría con ir a casa, sino que su región de origen está lejos de esta zona, y hacia allá deberán ser encaminados.

Hoy se necesita una solución compleja y permanente, que salga al paso a tantos problemas surgidos de la falta de controles rigurosos y también permanentes en ambos lados de la frontera. Acá no se tiene el cuidado de saber quién se va, y allá tampoco se dan cuenta de quien llega ni a qué.

Es urgente una medida de emergencia, que facilite la atención de los deportados y su reinserción en la sociedad que dejaron hace años. En realidad, debe ser el Estado central, el que se encargue de los problemas de las últimas horas. A Cúcuta le están transfiriendo un problema ajeno, que solo le traerá posteriores dolores de cabeza, por los problemas de inseguridad, desempleo y delincuencia que llegan aparejados con la deportación.

Los actuales refugios deben ser hogares de paso en los que los deportados pasen uno o dos días y sigan el camino hacia sus ciudades. Porque estas personas no pueden, bajo ninguna circunstancia, quedarse aquí agravando las necesidades de siempre.

A la par, Cúcuta necesita todas las cosas de las que ya los gobiernos están más que enterados, para darle empleo y suplirle muchas necesidades al cucuteño y evitar que esté cruzando el puente a mañana y tarde buscando los precios venezolanos, para comer o vivir aquí.

Necesita inversión, planes de empleo, programas de seguridad, infraestructura, presencia del Estado, en síntesis. No basta con el diseño de planes para combatir las causas del desempleo, por ejemplo, hay que ponerlos en práctica, hay que invertir.

Pero, mientras esta ciudad sea la que más altos índices de desempleo registra, y la de los mayores niveles de informalidad, no habrá manera de superar ninguno de tantos líos que se ven en las calles.

En realidad, lo que hizo el presidente Nicolás Maduro no fue, como se ha dicho, adoptar medidas de excepción en Táchira, sino determinar una complicada emergencia social en Cúcuta, esta indefensa ciudad que se alista para votar por candidatos que, como lo están probando los actuales congresistas, tan pronto asumen, se olvidan para siempre de quiénes los eligieron. Esa es otra situación de emergencia.