China se mantiene inflexible en cuanto a la severidad con que castiga a quienes trafican con droga. Según María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el gobierno del país asiático no acogió las observaciones que se le hicieron sobre la severidad de los castigos impuestos a los narcotraficantes, como la pena de muerte y la cadena perpetua y, por el contrario, afirmó que “esa es su ley no van a cambiarla”.

Las declaraciones de la Canciller, tienen como contexto el apoyo que el gobierno le viene otorgando a la pareja de colombianos Juliana López Sarrázola y Juan Esteban Marín García, quienes son investigados por el presunto ingreso de narcóticos a China.

A la par que el consulado le brinda asistencia a la pareja, la Cancillería y el Ministerio de Justicia adelantan conversaciones con China para tratar de gestionar, por lo menos, un tratado de repatriación humanitaria. Según la funcionaria, este cobijaría “a las personas que de alguna manera están enfermas o una situación especial se pudieran repatriar a Colombia, pero hasta ahora accedió el gobierno chino a que lo empezáramos a trabajar y simplemente que la gente sea consciente de lo que es arriesgarse en el tema de narcotráfico hacia esos países”.

Respecto a la situación de Juliana y Juan Esteban, la ministra anotó que durante los tres o seis meses que duren las investigaciones de las autoridades chinas, los jóvenes permanecerán incomunicados y la única manera de contactarse con ellos será a través de la Cónsul de Colombia. Enfatizó, igualmente, que de ser hallados culpables, no existe posibilidad de que prospere una solicitud de repatriación, debido a que entre ambas naciones no hay suscrito un tratado en esa materia.

Según la Canciller, los dos colombianos “le pidieron a la Cónsul que les trasmitieran a sus familias que les han respetado sus derechos, que les han brindado un traductor, que tienen lo necesario para cumplir sus necesidades básicas y esperamos que no dure mucho tiempo para que se les resuelva la situación”.

Es de recordar que el pasado 28 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió un comunicado, en el que recuerda que ese despacho “trabaja para garantizar la preservación de los derechos de los connacionales privados de la libertad, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y a la preservación de su integridad personal y su salud, conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”.

*Colprensa