Las 24 IPS que operan en Cúcuta les dieron un ultimátum a las empresas prestadoras de salud EPS subsidiadas para que paguen sus deudas antes del 17 de septiembre, de lo contrario a partir de esa fecha la atención podría empezar a sufrir limitaciones.

Esta posición les fue notificada por intermedio del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, en derecho de petición en el que las IPS le exponen la crítica situación que viven desde hace años por cuenta de las deudas que no pagan las EPS por los servicios prestados.

Según conoció La Opinión, la EPS Caprecom adeuda a las Ips locales $37 mil millones, de los cuales solo al hospital Erasmo Meoz le corresponden $30 mil millones. El resto es a las demás IPS; a la clínica Unipamplona le adeudan las Eps $38 mil millones.

En la misiva, los gerentes de clínicas y hospitales le manifiestan a Gaviria que la estabilidad económica de sus entidades está amenazada, dado el incumplimiento en el pago de estas deudas.

“Estamos limitados ante los estrados judiciales a reclamar nuestros derechos, por cuanto algunas de estas entidades están intervenidas”, dicen los gerentes.

Señalan además que esto sucede porque no se ejerció la vigilancia a tiempo, como en el caso de empresas como Cajanal, Solsalud y Golden Group, entre otras.

Esta situación —dice la carta— afecta a las IPS y hace inminente la entrada en cesación de pagos a nuestros proveedores y, por ende, reducir las plantas de personal.

Las IPS le piden a Gaviria la realización de un foro en Cúcuta para debatir la problemática, con presencia de la Superintendencia Nacional de Salud y los representantes de las distintas IPS y EPS.

También le solicitan que ordene a las Eps el nombramiento de gerentes regionales y locales con poder de decisión para evitar la centralización de las decisiones administrativas y financieras por cuya cuenta se presenta la dilación de pagos y la no contratación con las Ips del departamento.

Manifiestan que días atrás se conformó un comité departamental de Ips públicas y privadas, afectadas por la falta de flujo de recursos para velar por la continua, oportuna y eficiente prestación de servicios de salud, “haciéndose imposible dar cumplimiento al sistema obligatorio de garantía de calidad de servicios de salud”.

Para las autoridades de salud del departamento y los veedores de los sindicatos de la salud esta es una situación mucho más grave de lo que plantea la crisis de Caprecom, dado que están involucrados todos los usuarios de la salud en el departamento.

“Si lo de Caprecom es delicado, esto es mucho más grave, dado que los usuarios estarían expuestos a no recibir los servicios de salud”, dijo Nicolás Salazar, director de Provida.

Caprecom debe presentar plan

En 48 horas, Caprecom deberá presentar un plan de contingencia que garantice la atención y los servicios médicos a los usuarios de la región.

A esta conclusión se llegó tras dos horas de diálogo entre los representantes de los sindicatos de la salud, los representantes de la Procuraduría regional, Personería y la gerente regional encargada de Caprecom, Karol Vargas.

Los voceros de entidades como Provida, Central Única de Trabajadores, Anthoc, la Veeduría Nacional de Salud y la Asociación de Familiares de personas privadas de la libertad coincidieron en que esta fue la mejor decisión adoptada por la alcaldía, al exigir este plazo a la Eps para que cumpla con la atención de los 175 mil usuarios que tiene en el departamento.

La secretaria de Salud del municipio, Deisy Astrid Machucca, advirtió que al acuerdo se llegó con representantes de Caprecom, luego de que presentarán un contrato por $1 mil 800 millones para cubrir los servicios a los usuarios.

Una vez conocido el plan de contingencia, el plazo a Caprecom para que muestre eficiencia en el servicio vence a finales de agosto. “Si no se cumple a cabalidad, el municipio procederá a solicitar la suspensión de los servicios que presta Caprecom”, sostuvo Nicolás Salazar, vocero de Provida y líder del plantón de ayer.