El temor no es por otra cosa que por un eventual deslizamiento del talud que bordea sus viviendas, el cual ya dio un primer susto hace cuatro años, también por culpa de las húmedas condiciones climáticas.

Su longitud es de 25 metros por 15 de altura y está ubicado en la calle 3 con avenida 13 A. 

“Llevamos cuatro años esperando a que la alcaldía nos erradique la amenaza de vivir junto a un cerro que día a día se desmorona a pedazos”, dijo Sara Isabel Duque de Maldonado, de 55 años, quien vive con su familia justo en la cima del cerro.

Allí, además de esta familia, también son vecinos del peligro las familias Martínez Contreras, Cárdenas, Peñaranda, Jaimes Puentes, Salazar Chinchilla, Correa, Díaz, Castañeda, Peña y Zapata, entre otras.

Luz Dary Peñaranda, sostuvo que hace 12 años la alcaldía hizo unos trabajos para contener la erosión y se construyó una escalera para que sirviera de paso a las personas entre la parte alta y la baja.

Sin embargo, en 2011 las fuertes lluvias arrasaron con esos trabajos y desde entonces el cerro brinda constante riesgo a las familias que habitan cerca de él.

En esa oportunidad se desprendió una parte del talud y produjo daños y pérdidas a las tres familias que tienen sus casas en la base de la montaña.

“Por fortuna no hubo muertos, pero esto precisamente es lo que no queremos que ocurra ahora que las lluvias volvieron a aparecer”, dijo Peñaranda.

Lo que preocupa a las familias es que cuatro años después de este primer susto la alcaldía no se ha pronunciado sobre si se van a adelantar allí trabajos para contener el desprendimiento del cerro.

La Secretaría de Infraestructura le respondió a la comunidad que se están evaluando los costos de los trabajos que se demandan en Carora, para incluirlos en un proyecto de reparación vial de los que están en marcha.

En un derecho de petición que le fue presentado a la Secretaría de Infraestructura, la comunidad le exige una solución inmediata, dado que no está dispuesta a seguir costeando de su propio bolsillo ninguna obra allí. De esta situación también conocen la Gobernación de Norte de Santander y el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos.