La Contraloría acusa a tres personas de comprar artículos de oficina con un sobrecosto de 123 millones con cargo al municipio.
‘El contralor buscó los bolígrafos más baratos’

La contraloría municipal y la alcaldía nuevamente se enfrentaron por temas de contratación.
Clara Paola Aguilar, exjefe de Contratación, Cecilia Valderrama y Alexander Capacho, funcionarios de la alcaldía, tutelarán su derecho al debido proceso ante la sorpresiva decisión de la contraloría de hacerlos responsables por una compra con sobrecostos.
Así lo dijo Jorge Enrique Villamizar Jaimes, representante jurídico de la alcaldía, luego de que la contraloría halló a las mencionadas personas responsables de comprar artículos de oficina con un sobrecosto de 123 millones con cargo al municipio.
Los tres tuvieron que ver con un contrato que a criterio de la contraloría carece de transparencia, tuvo sobrecostos y fue una operación antieconómica, entre otras irregularidades.
Aguilar respondió ante el Concejo por el tema y refutó las pruebas del contralor, aduciendo por ejemplo, que bolígrafos que cotizó la alcaldía en 2013 en 1.155 pesos, y contraloría a 291, sí tuvieron en cuenta la estructuración de costos señalada por las normas legales.
Aunque no precisó marcas o referencias de bolígrafos, entre otros útiles de oficina, Aguilar dijo que “lo que hizo contraloría fue pedir los lapiceros más baratos, sin mirar la calidad”.
“En mi concepto, la norma no obliga a las entidades a comprar lo más barato”, dijo Villamizar. “¿Dónde dice que las alcaldías deban comprar, por baratas que sean, cosas de mala calidad?”, cuestionó.
Los investigados dijeron que la Contraloría tampoco fijó un término para controvertir la auditoría y no los dejó ejercer su derecho a la defensa.
La contraloría respondió que tiene la facultad de conceder hasta 15 días, dependiendo el volumen del material auditado: en este caso era un contrato y se concedió un término de 5 días.
Otro argumento de la alcaldía para desmentir los sobrecostos es que los almacenes donde cotizó el contralor los elementos de oficina son tiendas de cadena, que tienen una carga tributaria diferente, porque son grandes contribuyentes, y que tampoco han querido participar en la contratación del municipio.
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