Degradar su participación de autor a cómplice, fue el único beneficio que recibió Diomer Vanegas Castro en el preacuerdo que firmó con la Fiscalía, a cambio de aceptar su responsabilidad por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y recibir una rebaja en la pena.  

Vanegas Castro fue capturado el 24 de noviembre de 2012 en el área rural del municipio de Tibú, junto a otros cinco hombres, cuando fueron sorprendidos en un cristalizadero de coca.

“Ese día, los militares que patrullaban la zona escucharon el sonido de una planta eléctrica y visualizaron un rancho construido en medio de rastrojos y procedieron a registrarlo. Aproximadamente 12 personas que estaban en el sitio emprendieron la huida realizando disparos a la tropa. En medio de la persecución, se incautaron dos armas de fuego (una pistola y una escopeta averiada) que quedaron abandonadas”, señaló la Fiscalía.

Los capturados fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal que declaró ilegales las capturas y los dejó en libertad. Sin embargo, la Fiscalía continuó con la investigación y el 4 de abril de 2013 fueron emitidas  órdenes de captura en su contra.

Vanegas Castro, de 25 años, natural de Saravena, fue nuevamente detenido el 25 de enero de 2014 y llevado ante el Juzgado Primero Promiscuo de Saravena que legalizó su detención y le impuso medida de aseguramiento, sin que se allanara a los cargos.

Aceptó

El 27 de marzo de 2014, el procesado suscribió el acta de preacuerdo con el objetivo de terminar anticipadamente el proceso.

Respecto al delito de porte ilegal de armas, el preacuerdo contempló eliminarlo al considerar que no existían los elementos materiales probatorios, ni evidencia física o información legalmente obtenida para procesarlo por esta conducta.

Un juzgado especializado de Cúcuta aceptó, ayer, dicho preacuerdo y lo condenó a 4 años de prisión y a pagar una multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la audiencia, Vanegas Castro, quien se encuentra recluido en la cárcel de Arauca, fue representado por su abogado, quien solicitó para su cliente el beneficio de casa por cárcel, pero su petición fue negada al tratarse de un delito relacionado con drogas.

“La conducta del procesado se adecúa a los delitos contra la salud pública (…) Fue judicializado luego de una investigación y lo admitió al aceptar su responsabilidad como consta en el preacuerdo (…)”, señaló el juzgado en su decisión.

Tanto la propiedad del cristalizadero, como el destino que tendría la droga, no fue materia de debate probatorio en el juicio.