La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 al considerar que establece un trato diferencial, injustificado y discriminatorio frente a los niños y adolescentes que se desvinculan de las llamadas bacrim.

Según la norma, cuando los menores que han sido víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados cumplen su mayoría de edad se les exige un certificado expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda), esto para poder acceder a los programas de reintegración social y económica ofrecidos por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

Sin embargo, a esos programas solo pueden acceder las víctimas reclutadas por los grupos guerrilleros o los grupos paramilitares, pero no aquellas que han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de aquellos grupos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, como es el caso de ‘Los Rastrojos’ y el 'Clan Úsuga', entre otros.

Por ello, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al considerar que esta norma viola el derecho a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas, expresó que resulta contraria a los principios de presunción de buena fe y de interés superior de la niñez, por lo que presentó la demanda con la que espera se elimine un obstáculo frente al reconocimiento de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado que se desmovilizan de grupos armados ilegales post-desmovilización.

“Dada la discusión de si dichas estructuras criminales forman o no parte de los actores armados del conflicto, el certificado Coda únicamente es entregado a la niñez y adolescencia desvinculada de grupos armados guerrilleros y/o paramilitares, dejando por fuera de los programas de reparación a las víctimas de las denominadas bacrim que también buscan reintegrarse a la sociedad”, recalcó Otálora.

Bogotá | Colprensa