Como es habitual antes de cada proceso electoral en el país, a partir de ayer y durante los próximos cuatro meses la contratación directa o por medio de convenios quedará metida en el ‘congelador’, como una medida para garantizar que los recursos públicos no sean usados para influenciar los resultados de las elecciones de octubre.

La decisión hace parte del conjunto de disposiciones que establece la Ley de Garantías (996 de 2005), la cual busca garantizar la transparencia y prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos.

Así las cosas, la norma dispone que los gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

De igual forma, los funcionarios deberán abstenerse de participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, para reuniones de carácter proselitista.

La inauguración de obras públicas durante los cuatro meses que antecedan al debate electoral del 25 de octubre, o dar inicio a programas de carácter social en actividades en las que participen candidatos a los diferentes cargos de elección o voceros de sus campañas, están igualmente prohibidas para los servidores del Estado.

La Ley de Garantías advierte, además, que quienes estén vinculados a las administraciones municipales y departamentales, o cualquier otra entidad oficial, no podrán autorizar la utilización de muebles o inmuebles de carácter público para actividades en las que se promocione alguna candidatura.

De la misma manera, les queda prohibido facilitar el alojamiento o el transporte para los electores de algún aspirante político.

Paralizada la nómida

La Ley de Garantías, que acaba de entrar en vigencia, también ordena paralizar la nómina de los entes territoriales o de los organismos públicos, hasta que no tenga lugar el proceso electoral, es decir hasta pasado el 25 de octubre.

Sin embargo, la norma establece algunas excepciones, como cuando se tenga que hacer alguna vinculación provisional por faltas definitivas, en caso de muerte o de renuncia irrevocable del cargo debidamente aceptada.

También la contratación directa

Durante los próximos cuatro meses queda prohibida, igualmente, la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.

Sin embargo, la Ley advierte que se exceptúan aquellos contratos orientados a la defensa y seguridad del Estado, los de crédito público y los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres.

Así mismo, habrá excepción para todos aquellos que se requieran para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban suscribir las entidades sanitarias y hospitalarias.

Procuraduría, con la lupa puesta

Para garantizar el cumplimiento de la Ley de 996 de 2005 y evitar que los servidores públicos se involucren en la campaña política, con el propósito de favorecer a determinado aspirante o candidatos, la Procuraduría expidió una circular en la que establece algunas recomendaciones a los funcionarios.

El Ministerio Público les hace un llamado a los entes del Estado para que se abstengan de celebrar cualquier tipo de convenio interadministrativo que involucre la ejecución de recursos públicos, así como a que desarrollen los procesos contractuales, de acuerdo con los cronogramas ya establecidos.

De igual forma, pide evitar favorecer causas y campañas políticas y privilegiar intereses personales o particulares de los aspirantes.

La Procuraduría recordó que el incumplimiento de los deberes y las restricciones señaladas en la Ley serán sancionables, según la gravedad del hecho.

Por esta razón, invitó a la ciudadanía a participar como veedora de las conductas de los servidores públicos e informar sobre cualquier actuación irregular de la que pueda ser testigo.