Decenas de altos mandos del Ejército colombiano implicados en la matanza de 3.000 civiles considerados falsamente guerrilleros han escapado a su castigo en una de las peores atrocidades cometidas en América Latina, dijo Human Rights Watch (HRW).

En un informe de 95 páginas titulado “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, la organización de derechos humanos hace un detallado balance sobre el patrón de los homicidios cometidos por las Fuerzas Armadas -que reciben apoyo de Estados Unidos-, y los procedimientos legales... contra los soldados que durante varios años intentaron presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate para inflar el conteo de rebeldes abatidos y logar así promociones y recompensas.

Aunque más de 800 uniformados han sido condenados por estos homicidios, la mayoría son soldados de bajo rango. No se han presentado cargos en contra de ningún oficial que estuviera al frente de una brigada o arriba en la cadena de mando al momento de los asesinatos entre 2002 y 2008, en el pico de la ofensiva militar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Entre los altos funcionarios señalados por Human Rights Watch están dos de los más distinguidos generales de Colombia: el general Juan Pablo Rodríguez, el actual jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército.  “Los generales están lejos de recibir el golpe”, dijo el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

A principios de este año, el fiscal  Eduardo Montealegre dijo que más de una docena de generales están bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido encausado. HRW dijo que Lasprilla no se encuentra entre los que son investigados, pero Rodríguez sí.

La oficina de Montealegre ordenó a cuatro generales retirados, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, comparecer para dar su testimonio ante los fiscales que investigan estos asesinatos. El oficial fue mencionado por varios ‘exparas’ en la controvertida ‘Operación Orión’.

También figuran el general (r) Ricardo Bernal, señalado de participar en la masacre de 12 personas que hicieron pasar como guerrilleros en Norte de Santander; el general (r) Jorge Salgado, investigado por la muerte de dos personas en Antioquia, en 2006.

Por último, al general Henry Torres, un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) solicitó investigarlo luego de condenar a 22 años de cárcel al teniente Marco Fabián García por el asesinato de un campesino en esa región del país.