Detalles sobre los $500 millones, monto que exigieron los secuestradores a Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la liberación de su hija; las llamadas amenazándolo con matar o vender a la niña en caso de dar aviso a las autoridades y el papel que jugó uno de sus amigos, y quien finalmente recogió a la niña siguiendo instrucciones, fueron revelados ayer por la Fiscalía Octava Especializada durante la audiencia de los tres hermanos detenidos el viernes, acusados de ser los presuntos autores materiales del secuestro de la menor, de 11 años, ocurrido el 4 de junio cuando salía del centro educativo Kumon, en el barrio Ceiba II.

La diligencia inició el sábado a las 9:30 de la mañana ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Salazar, donde fueron presentados José Wilmer Peñaranda Peñaranda, de 39 años, Diego Armando, de 29, y Óscar Eduardo, de 32, naturales de Salazar de las Palmas y Lourdes, quienes recibieron medida de aseguramiento en prisión, mientras avanza el proceso en su contra.

La Fiscalía indicó que los tres detenidos fueron reconocidos por la pequeña Daniela como los autores del plagio y sus descripciones físicas coincidieron con las de los procesados.

“José Wilmer fue quien la abordó al salir del centro educativo, Óscar Eduardo (quien tenía una cicatriz en una mano), la cuidó durante el cautiverio y Diego Armando le llevaba los alimentos. La menor estuvo en una hamaca colgada entre dos árboles y cuando llovía la cubrían con un toldillo verde”, relató el ente investigador.

José Wilmer fue reconocido por un vigilante informal de la cuadra del centro educativo, como la persona que esa tarde llegó nerviosa preguntando por un vecino y luego abordó e intimidó con un arma al chofer de la niña cuando llegó a recogerla, siendo acompañado por otro sujeto en una moto negra con verde, de placa venezolana.

La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado (por tratarse de una menor de edad), que contempla una pena entre 28 y 42 años de prisión, así como porte ilegal de armas, castigado con una pena entre 18 y 30 años. Ninguno aceptó los cargos.

Según el ente investigador, dos testigos bajo reserva de identidad entregaron al Grupo Gaula el nombre de los procesados y aportaron 7 líneas telefónicas que empezaron a ser rastreadas. Entre ellas, un celular del cual llamaban a Diego Mora y que fue incautado en el allanamiento a la finca La Avestruz (Villa del Rosario), donde fue capturado Óscar Eduardo.

En una casa, ubicada en la calle 19 con avenida 17, del barrio Aguas Calientes, fue detenido José Wilmer. Allí los investigadores hallaron en el cajón de un clóset un revólver con 12 cartuchos, una hamaca, un toldillo y un bolso, además de $17.550.000 en cuatro fajos de billetes, envueltos en tirillas selladas por el Banco de la República con fecha 5 de junio de 2015 (un día después del plagio).

Diego Armando fue aprehendido cuando caminaba por la calle 17 con avenida 17 de La Libertad. Aún faltan más capturas.

Relato de la Fiscalía

El siguiente es el relato de la Fiscalía sobre los momentos que sobrevinieron al secuestro de la menor.

“El mismo día del secuestro, alrededor de las 7:00 de la noche, Diego Mora, padre de la pequeña, recibe una llamada del teléfono celular hurtado al conductor (Henry Alberto Cristancho), de quien se identificó con el alias de El Turco, y le dijo que tenía en su poder a su hija, exigiéndole $500 millones si quería volver a verla. A las 8:00 de la noche, entró una segunda llamada por parte de otro individuo, quien le recuerda a Diego el dinero que tenía que entregar para salir rápido del problema y que sabían que era una familia adinerada. Posteriormente entró otra llamada del mismo celular y volvió a hablar El Turco, quien le manifestó que tenía conocimiento de que el chofer estaba en la Policía del municipio de El Zulia y lo trató con palabras soeces.

El 5 de junio, en la mañana, recibió otra llamada del mismo celular. El Turco no deja hablar a Diego y le profiere amenazas de muerte en contra de la niña en caso de un rescate. Luego entra la llamada de otra persona (una tercera) quien le reclama por haber dado aviso a las autoridades. A las 8:48 de la mañana, El Turco le reclama por haber dado aviso a la Policía e incluso al presidente (Juan Manuel Santos) y nuevamente lo amenaza para que no diera más información a las autoridades, pues iban a matar a la niña. Le aseguró que si él caía nadie salía vivo.

Después de las 10:50 de la mañana, lo llamaron en cinco ocasiones insistiendo en la entrega del dinero para devolver a la pequeña.

Finalmente, Diego les dice que lo único que tiene son $20 millones y frente a esta respuesta uno de los sujetos le dice que posteriormente lo llama para que le tenga una propuesta al jefe o de lo contrario venderían a la niña.

El 6 de junio, el señor Ulises Toloza es contactado por Diego Mora para que se dirija al corregimiento de Cornejo donde posiblemente se haría la entrega de la niña.

El señor Toloza se dirige a la zona conduciendo un vehículo por indicaciones que le estaban dando los secuestradores a su celular desde el teléfono robado al conductor.

Toloza iba por la vía Cúcuta - Salazar y antes de llegar al sitio conocido como La Laguna, los secuestradores le dan las últimas instrucciones para que ingrese a una zona boscosa, donde pudo observar a dos hombres con el rostro cubierto de la nariz hacia abajo.

En ese momento, le exigen la entrega de un bolso y él (Toloza) solicita la entrega de la niña. Cuando ve que la niña viene hacia él, les entrega el bolso a los sujetos. Luego, la sube en su vehículo y se dirige a Cúcuta”.

“No se pagó”: Diego Mora

Diego Mora, quien en reiteradas ocasiones negó alguna comunicación con los secuestradores, explicó a La Opinión que todo se trató de un operativo en el que siempre primó la seguridad de su hija. “No se pagó nada por el rescate. Lo que hubo fue un operativo. La Fiscalía tiene que relacionar el dinero incautado con el secuestro o de lo contrario tendría que devolverlo. El tal bolso existió, pero no llevaba billetes”

Mora añadió que los detenidos estarían relacionados en otros 2 o 3 secuestros en la región, de los cuales no existen denuncias puesto que las víctimas habrían pagado.