El 7 de abril de 2014, el capitán Carlos Eduardo Chaguala Atehortúa fue visto de compras en el almacén Éxito y el pasado 12 de febrero, el coronel Mario Fernando Cabrera Montealegre visitó las oficinas de la dirección  de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial de Norte de Santander.

Nada de extraño tendría la actuación de estos dos militares en el diario transcurrir, pero lo relevante e ilegal es que ambos deben estar presos en una guarnición militar por la medida de aseguramiento impuesta desde febrero de 2014, por el Juzgado Primero Penal Municipal, en el juicio que enfrentan por hechos ocurridos en el municipio de El Tarra como integrantes de la Trigésima Brigada.

El coronel Cabrera Montealegre tiene cargos por concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, mientras que el capitán, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, peculado por uso, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado agravado.

Ambos hechos fueron denunciados por la Fiscalía y puestos en conocimiento de los altos  mandos de la Brigada 30 con sede en Cúcuta, donde deben permanecer los oficiales mientras avanza el proceso en su contra.

En el caso del capitán  Chaguala Atehortúa, el ente investigador denunció la utilización de una camioneta de la Policía Militar en su recorrido por el Éxito, de lo cual constan las fotografías tomadas por un investigador encubierto en el parqueadero del almacén.

Sobre el coronel existe un informe de la Policía en el que figura la visita, en horas del mediodía, a las oficinas de la directora Blanca Yamile Rojas Estupiñán, quien lidera la misión de garantizar a través de acciones sociales y económicas la presencia del Estado en regiones afectadas por los  grupos armados ilegales y los cultivos ilícitos.

El coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien asumió como comandante de la Trigésima Brigada en julio de 2014, señaló a La Opinión que por estos hechos existe una investigación contra el coronel Cabrera Montealegre y se  cambiaron a dos sargentos que lo vigilaban.

Según Pinto Lizarazo, el coronel salió de la Brigada con permiso para una cita, pero no estaba autorizado para parar de regreso en las oficinas de consolidación. Por esto, -aseguró- se llamó a rendir cuentas al coronel para aclarar los hechos y no afectar la imagen institucional.

“Una cosa es decir que salen libremente y la otra es que en una salida paren a hacer algo (…). La salida de los presos corresponde solo a órdenes judiciales”, señaló el oficial.

Frente al caso, la Fiscalía solicitó a los mandos militares la adopción de los correctivos necesarios para evitar que este tipo de situaciones conviertan a la Trigésima Brigada en un nuevo Tolemaida Resort, donde los militares detenidos salían y entraban a su antojo de la cárcel militar en Melgar (Tolima).

Para el próximo 12 de mayo, a las 8:30 de la mañana, fue citada la audiencia preparatoria al juicio ante un juzgado especializado de Cúcuta, donde cursa el proceso contra los dos oficiales.  

Los cargos

Los hechos por los cuales son investigados los dos militares fueron descubiertos a principios de octubre de 2013 luego de que un informante llegara a la Brigada 30 a cobrarle $2 millones al capitán Chaguala Atehortúa, pero como el oficial no se encontraba fue atendido por un suboficial de contrainteligencia, quien encontró irregularidades  y se destapó el escándalo que hoy los tiene en prisión.

En la investigación cursan ocho episodios, en los cuales estarían involucrados tanto el capitán como su superior, el coronel Cabrera.

1. El informante aseguró que trabajaba con el capitán Chaguala y en una ocasión él le entregó seis kilos de coca para que los vendiera. Cada kilo fue comprado en $2 millones.

2. El informante refiere que parte de la venta de la droga fue utilizada para comprar armas de fuego, que posteriormente usaron para cometer robos.

3. El informante dijo que el capitán gestionó en un helicóptero del Ejército su traslado a El Tarra, junto a otros dos hombres, integrantes de bandas, y  los alojó en una casa, cerca del batallón, donde, “por orden del capitán”, recibieron la misma alimentación de los soldados.  El 14 de agosto de 2013, en  una casa de la vereda Palma del Vino, los sujetos se robaron $12 millones, una escopeta y una moto. Luego de cometer el ilícito fueron trasladados nuevamente en el helicóptero a Cúcuta, mientras que  el capitán guardó las armas. El informante aseguró recibir $6 millones como pago.

4. El primero de septiembre de 2013, los sujetos le roban a un hombre $42 millones en un inmueble en el barrio Primero de Enero (El Tarra). Según el informante, el propietario de este dinero era comprador de base de coca para las Farc. Por este trabajo, recibió $12 millones. El capitán le sugirió no hablar de esta clase de actuaciones y lo amenazó que si hablaba tendría que mandarle a los Urabeños.

5. Un desmovilizado se entrega en Tibú el 3 de junio de 2013. Sin embargo, “el capitán lo presenta hasta el 30 de agosto”. El informante dijo que esa persona se presentó “con la misma pistola  adquirida con el dinero entregado al capitán”, tras la venta de la droga.

El desmovilizado aseguró que “fue el capitán quien le dijo que eso era lo que debía declarar para poder acceder a los beneficios del Estado”.

6. Un grupo de militares tras capturar a un mototaxista con $20 millones, debió entregar, por orden del coronel Cabrera, ese caso a un teniente, quien termina recibiendo una llamada “del coronel para que le dijera a ese ciudadano que entregara el dinero y que así no procederían a embalarlo”. El teniente “acata esa orden”, al tiempo que “el ciudadano no tuvo otra opción”. Dinero que también sería proveniente de la comercialización de narcóticos.

7. Durante el 2013, se realizaron descuentos no autorizados a la nómina de los soldados del Batallón que opera en El Tarra. Recursos que eran manejados por el capitán Chaguala Atehortúa subordinado del coronel, quien además conocía de la situación, en vista de la queja de los soldados.

8. El último hecho tiene que ver con un ilícito que, según el informante, no fue materializado. Se trató de la planeación por parte del capitán del robo de unos $800 millones que correspondían al programa de Familias en Acción y el pago a profesores. “Hecho que no se realizó porque estos dineros pertenecían a la gente pobre y de ellos hacía parte la familia del informante”.