A menos de un día de que se hubiera votado en quinto debate la reforma del Equilibrio de Poderes, desde ya se alistan por parte del Gobierno y de algunos partidos cambios que se esperan incorporar en el articulado para el sexto debate que se cumplirá en la última semana de abril en la plenaria del Senado.

Uno de los temas de mayor interés es el relacionado con la posibilidad que el procurador, el contralor y el defensor del Pueblo puedan ser investigados y juzgados por la nueva Comisión de Aforados.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, volvió a insistir en que es inconveniente que ese fuero se le extienda a estos funcionarios, porque en su criterio se corre el riesgo que al mismo lleguen cada vez más, por lo que insistirán en que para la ponencia para el sexto debate esto se cambie.

Sin embargo, desde La U, el senador Roosvelt Rodríguez señaló que por la importancia de los temas que estos tres funcionarios ejercen es necesario que ellos tengan el derecho a que ese nuevo tribunal sea quien les procese.

De otro lado, el senador Armando Benedetti, aseguró que insistirá en que la plenaria del Senado reabra la discusión del artículo referente a la inhabilidad del vicepresidente de la República, el cual como se aprobó será sólo de un año.

El congresista dijo que se hace necesario sea de cuatro años, como lo defendió y perdió hace una semana, pero, según él, en la bancada de su partido, La U, existe mayoría para acompañar la propuesta que la figura del vicepresidente tenga inhabilidad de cuatro años y no uno, reiterando que no es por cerrar el paso político al vicepresidente Vargas Lleras.

De otro lado, el Polo Democrático entregará el miércoles un documento en el cual indica por qué se opondrá, en plenaria, al proyecto completo de reforma del Equilibrio de Poderes, por lo que votarán negativamente el mismo.

Cambios en el sistema político

1. La eliminación de la reelección del presidente de la República, del defensor del Pueblo, del procurador, del defensor, del registrador, del fiscal y de los magistrados.

2. Asignación de curules en Senado, Cámara, asambleas y concejos para los candidatos que obtengan la segunda mayor votación en las elecciones a Presidencia, Vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías, respectivamente.

3. Se amplía la aplicación de la sanción de la ‘silla vacía’ para los miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra la administración pública, por delitos por pertenencia, promoción o financiación de grupos armados y delitos de lesa humanidad.

4. Se garantiza una curul en la Cámara de Representantes para los raizales de la Islas de San Andrés y Providencia.

5. Se garantizan curules en el Senado para San Andrés y Providencia y los departamentos que antes eran los antiguos territorios nacionales que nunca han tenido vocería en la cámara alta, es decir, una para Putumayo, Caquetá y Amazonas; otra para Vaupés, Guainía, Guaviare y Vichada; y una tercera para Arauca y Casanare.

6. Se elimina el voto preferente y se fortalecen los partidos con listas cerradas “sin volver al bolígrafo”, porque se condiciona su aplicación a una ley estatutaria que garantice los mecanismos democráticos para la integración de esas listas.

Cambios en la justicia

1. Se prohíbe expresamente el “yo me elijo y tú me elijes” entre magistrados de altas cortes y también con los órganos de control, es decir que los servidores públicos no podrán contratar, postular o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo.

2. Se obliga a que toda elección en corporaciones públicas deba tener previamente una convocatoria pública para asegurar control social y transparencia en la elección a través de la meritocracia.

3. Se elimina la Comisión de Acusaciones y se crea una Comisión de Aforados compuesta por cinco magistrados, solo para nuevos casos. Se separa claramente responsabilidad política de responsabilidad penal y se simplifican trámites.

Los trámites que adelante la Comisión de Acusaciones pasarán de manera inmediata a la de Aforados. Además de investigar a los magistrados de la Corte Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Fiscal General, por solicitud de legislativo también acogerá al Procurador, al Defensor y al Contralor.

El control de garantías de aforados será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá.

4. Se establece como norma general la meritocracia para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

5. Se aumentan requisitos, calidades y condiciones para la elección de magistrados de las Cortes.

6. Se inhabilita a los magistrados que salen de una Corte para litigar ante la misma corporación por un término de cinco años.

7. Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura y se crea un nuevo sistema de gobierno y administración de la rama con expertos en administración pública y no salas de magistrados. Se crea la Dirección de la Magistratura.

8. Se elimina la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y se crea Tribunal la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con siete magistrados elegidos por Congreso pleno.

Esta comisión examinará la conducta y sancionará las faltas de funcionarios de la rama judicial y de abogados en ejercicio de su profesión, igualmente dirimirá los conflictos de competencias que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

9. El Contralor General no será postulado por las cortes ni los territoriales por los tribunales.

10. Las cortes no postularán nombres para Procurador General de la Nación a partir del 7 de agosto del 2018.