Según la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás y es ese, específicamente, el principal argumento de las organizaciones de derechos humanos en Norte de Santander para insistir en la defensa de su papel en el departamento.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, aseguró que tal vez en los últimos 17 años se ha mantenido una constante: la violación al derecho a la vida y a la integridad en este territorio; lo anterior, teniendo que ver con toda la violencia que ha vivido el área metropolitana y el departamento.

Dijo que “hoy en día en el departamento se amenaza o se mata por cualquier cosa” y que es un hecho grave porque en vez de avanzar en las investigaciones, al contrario, se ha retrocedido.

Desde el año 1999 hasta el 2014, el sicariato se ha mantenido por encima del 80 por ciento. Quiere decir que el 80 por ciento de los homicidios cometidos siguen siendo fríamente premeditados, cometidos la mayoría de estas muertes con armas de fuego.

No obstante, el defensor de los derechos humanos reconoció que la Policía ha logrado reducir el número de homicidios.

Cañizares asegura que la violencia cada vez más se sale de los montes y de los municipios de quinta categoría del departamento para concentrarse en Cúcuta y su área metropolitana. Esto, tiene que ver con el fortalecimiento y la presencia de todos estos grupos armados de Urabeños y Rastrojos en el área metropolitana y las guerrillas en el Catatumbo y en la Provincia de Ocaña.

Diferente a lo que muchos creen, en el Catatumbo y en la provincia de Ocaña el proceso de negociación en La Habana (Cuba) han tenido un impacto positivo y las cifras de violencia se han caído en esa región, y eso ha hecho que en las estadísticas sea esta capital la que lleve la delantera en materia de la peor violación de todas.

Lo anterior, según los analistas, a pesar de que por ejemplo en el tema de homicidios se disminuyó un poco más del 30 por ciento entre 2013 y 2014.

Las violaciones que más preocupan

Aunque en el país los derechos a la educación, a la libertad de expresión, a la igualdad, al trabajo, entre otros, angustian por igual; en total son cuatro  los hechos que más afectan la vida de las poblaciones en esta región y que más intranquilizan, según dicen los defensores de los derechos humanos.

“Luego del homicidio, vienen otros delitos que agravan la situación de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la asociación, teniendo en cuenta que los grupos armados ilegales han desarrollado una estrategia de amenaza y de eliminación a líderes, es otra de las actividades ilegales que generan más miedo en la comunidad”, dijo Cañizares.

Pero hay otro derecho quizá menos perceptible y es a la libre locomoción y a la movilidad, teniendo en cuenta que siguen habiendo regiones en donde hay comunidades en confinamiento, intimidación de grupos ilegales que no les permiten reunirse, movilizarse de un lugar a otro, donde los grupos armados ilegales mantienen un control.

Según Cañizares, es precisamente eso lo que sucede en el corregimiento Banco de Arena, en zona rural de Cúcuta, donde las autoridades no tienen pleno control, y donde (según los defensores de los derechos humanos), cualquier incursión armada ajena, incluida, la de la fuerza pública, arroja saldos nefastos como la reciente muerte de tres policías.

“Vale la pena aclarar que a raíz de aquellas amenazas que vienen ocurriendo desde hace tres años se está afectando duramente el derecho a la educación, hay más de 300 maestros amenazados y eso afecta el libre desarrollo de los programas educativos en las escuelas, y no estamos hablando de las escuelas y colegios de las escuelas rurales y del departamento, estamos hablando de las escuelas del área metropolitana de Cúcuta donde grupos armados ilegales han estado amenazando a profesores, directivos, personal administrativo y rectores de los colegios”, dijo Cañizares.

Otro tema importante de resaltar es la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal que en 2014 en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario se habían denunciado 185 casos de personas desaparecidas.

“Llama la atención que se mantienen altos niveles de impunidad frente a los casos de desaparecidos. La Fiscalía General de la Nación no ha podido entregar resultados positivos de las investigaciones, más del 90 por ciento de los casos, de desapariciones forzadas están en la impunidad”, dijo la Fundación Progresar.

En el caso del desplazamiento, el año pasado fueron reportados alrededor de 1.700 casos de personas desplazadas que llegaron o fueron expulsadas de Cúcuta. Hasta el año 2014 alrededor de 240 mil personas que habían declarado haber sido desplazadas por el conflicto armado en Norte de Santander, de las cuales en Cúcuta iban alrededor de 110 mil personas.

Según el Defensor del Pueblo en Norte de Santander, William González, en el departamento las autoridades territoriales cuentan con un informe de riesgo donde se han determinado que hay unas alertas tempranas donde se determina que Cúcuta, Puerto Santander y Los Patios hay un serio riesgo para la población civil.