El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur), Martín Gottwald, afirmó que más de "400 mil colombianos viven fuera del país en condición de refugiados".

"Colombia es campeón en número de desplazados. Más de un 10 por ciento de su población se encuentra en esta situación", indicó asímismo Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien también participó en el encuentro.

El representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador, Argentina Santacruz, indicó por su parte que "desde el año 2000, Ecuador es el país con mayor número de población refugiada proveniente de Colombia".

Datos de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, indican que en ese país hay más de 54 mil refugiados reconocidos oficialmente, de los cuales el 98 por ciento son población colombiana, reveló.

Los nacionales refugiados en Ecuador sufren discriminación y tienen pocas garantías para el cumplimiento de sus derechos en salud, vivienda y trabajo, según los investigadores. Por ello, la OIM en esa nación ha implementado un programa de reasentamiento para la ubicación de los colombianos en un tercer país.

"Aparte del reasentamiento se ha intentado la repatriación voluntaria, pero considerando la situación del conflicto interno en Colombia, esta opción no es posible", dijo Santacruz.

La ley no es suficiente para frenar el desplazamiento forzado

Uno de los inconvenientes en materia jurídica para luchar contra esta situación, es que en muchos casos la víctima no reconoce a los implicados en el crimen, agregó Gottwald. "Estás en un barrio marginal y te llega un mensaje por el celular amenazándote, pero nadie lo firma", explicó.

Uno de los cambios en relación con las víctimas inició con la sentencia T- 025 de 2004 de la Corte Constitucional. Su importancia radica en que logró evidenciar la crisis y, aunque se conocían las cifras, ninguna autoridad del Estado quería asumir su responsabilidad, afirmó Luis Castro, profesor de la Universidad del Rosario y delegado de la Defensoría del Pueblo.

"Desde 2010, cuando en el país se reconoce que hay un conflicto, se produce un cambio en los elementos de contexto en los que se desarrolla el mismo. Antes había menor posibilidad de realizar movilizaciones sociales", indicó Daniel Fernández, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia.

Esto ha permitido desarrollar proyectos para evitar que los desplazados sean víctimas de nuevos crímenes y crear indicadores sociales que muestren el uso efectivo de derechos. Sobre este aspecto Gottwald expresó que actualmente hay una mayor visibilidad del problema.

"Ese era el gran reto anteriormente. Se consideraba que los desplazados hacia otros países eran migrantes económicos y no víctimas del conflicto armado", añadió.