Durante una sesión de la Mesa departamental de participación, voceros de ese colectivo  manifestaron su preocupación y desconsuelo con los resultados de la norma en este departamento, en especial en lo relacionado con las garantías de no repetición.

“La Ley 1448 ha querido invisibilizar el problema que vivimos. El desplazamiento forzado ya no lo nombran en ningún lado, pero sigue habiendo; también masacres, toda clase de amenazas y nosotros en realidad  creíamos que esta ley estaba diseñada para evitar toda esa clase de situaciones que seguimos viviendo”, aseguró Alberto Rojas, coordinador de la mesa.

El líder de víctimas cuestionó, además, que a las organizaciones ya se les está empezando a hablar de posconflicto, pero todavía no sienten un proceso de verdad y justicia, como era el ideal de la norma.

“Nosotros hemos analizado que sinceramente esto ha sido un sofisma de distracción porque la verdadera justicia no se ve por ninguna parte”, sostuvo Rojas.

En este mismo sentido, reprochó la falta de oportunidades en materia de vivienda y empleo para los afectados por la violencia, pese a que este fue uno de los principales compromisos de la norma que entró en vigencia en enero de 2012.

“Los recursos que envía el Gobierno se están quedando en los operadores y a las víctimas no está llegando nada. En generación de ingresos no ha habido un programa o una política, a pesar de que la sentencia de la Corte lo dictaba y eso nos duele porque si contáramos con eso, otra sería nuestra suerte”, manifestó el líder, tras advertir que dadas las circunstancias están programando una marcha para el 9 de abril, Día nacional de la víctimas.