Luego del revuelo que causó la idea del alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, de montar grupos de vigilancia privada en los 49 barrios del municipio, pagados por la comunidad, una nueva propuesta suya llama la atención.

Según el mandatario de los rosarienses, dentro del plan de pavimentación que va a lanzar en los próximos días existe una condición sin la cual este no es posible: “el primer requisito que les voy a exigir a los habitantes es que estén a paz y salvo con los impuestos; si la cuadra no está al día, no le tapo un hueco”.

Socha sostuvo que para el programa ya apropió $1.750 millones, de los cuales $1.052 millones le llegarán por regalías del fondo de compensación regional,  y los $698 millones restantes los sacará de recursos propios.

“Esto significa que los dineros que la gente debe pagar por concepto de impuesto predial e industria y comercio, cartera que asciende a los $14.000 millones, son muy importantes en estos momentos para poder adelantar los planes que me tracé para esta administración, dentro de los cuales el de la pavimentación de las calles del municipio es uno de los más importantes”, precisó el alcalde.

El gobernante local llamó a los rosarienses para que, por donde él vaya a arreglar una vía que esté llena de huecos, los habitantes se pongan a paz y salvo con los impuestos.

“Si la cuadra no está al día con sus pagos, no le tapo un hueco, porque con los pocos recursos que manejamos por transferencias de Ley 715 no me alcanzan”, sostuvo.

Socha precisó que se vio obligado a lanzarles esta propuesta a sus gobernados porque recibió una administración con deudas que ascienden a los $10.557 millones y con un déficit fiscal, que tiene que cancelar este año, de $1.960 millones.

“La alcaldesa anterior, Emperatriz Misse Millán, hizo unos créditos que comprometieron vigencias futuras por casi 20 años, acogiéndose al Plan Carrasquilla, independiente del Plan Departamental de Aguas (PDA), al cual el municipio estaba sujeto. Ahí el Concejo de Villa del Rosario incurrió en un error, autorizándole el crédito por $3.000 millones, con plazo para ser amortizado hasta el 2030”, indicó Socha.

Para el alcalde, tanto la exmandataria como el Concejo desconocieron que cuando un municipio está en el PDA tiene que mandarle recursos al mismo y no endeudarse con créditos por el Plan Carrasquilla.

“La ley es muy clara, o está en el PDA o no, pero en ambos planes no se puede. Eso que ella hizo, dejó al municipio maniatado, pues ahora estoy corto con los dineros que debo girar al PDA”, sostuvo.

Lo de los vigilantes está en stand by

Con relación a la propuesta de implementar grupos de vigilancia privada en los 49 barrios del municipio, pagados por la comunidad, Socha indicó que fue malinterpretado.

“Nació por un clamor de la misma comunidad, cansada de los robos a sus viviendas y en las calles. Antes, la misma comunidad les pagaba a los vigilantes que cargaban un bolillo y un pito, una cuota que iba de acuerdo a su capacidad. Cuando algunos de estos vigilantes pasaron a ser controlados por grupos al margen de la ley que empezaron a hacer presencia en el municipio, la Policía dijo que ellos se tenían que acabar”, indicó Socha.

Sin embargo, el alcalde sostuvo que en los 6 meses que lleva de mandato, la comunidad se ha quejado mucho por los robos que, en la mayoría de ocasiones, no son denunciados por las mismas personas por el temor a las represalias de los asaltantes.

“Fue la misma comunidad la que me dijo, ‘por qué no vuelven los celadores’. De ahí nació la propuesta que armó todo el alboroto”, sostuvo.

Sin embargo, precisó que fue por ese mismo revuelo que causó su propuesta, que decidió dejarla en stand by.

“No se trataba de revivir las Convivir, pues esos vigilantes no iban a ser pagados por la Alcaldía de Villa del Rosario sino por la misma comunidad que libre y voluntariamente decidiera hacerlo”.

Socha precisó que por esta razón acordó con los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y los habitantes de los distintos barrios, unirse con la Policía y crear 49 frentes de seguridad.

“Con ellos, los presidentes de las JAC se capacitan por 6 semanas para llevar a cabo un plan de seguridad en su barrio, ayudado por unas modernas alarmas que se pueden activar a través de timbres en las casas o un celular”.

Adicional a esto, la Policía le envió al municipio 30 uniformados de manera permanente, 6 más del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y 10 miembros de la Sijín para que adelantarán labores de inteligencia en el pueblo.