Aunque el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder, señaló que en el proceso de acogimiento a los beneficios de la Ley 1424, cuyo plazo se vence este miércoles, los desmovilizados de los grupos paramilitares respondieron y hasta ayer acudieron 21.500 al llamado para resolver su limbo jurídico, queda un cúmulo de interrogantes por resolver que deja incluso a las víctimas de las Auc sumidas en un mar de dudas.

La primera de estas es la posible impunidad y los miles de crímenes que no serán resueltos, debido a que los excombatientes rasos que entregaron sus armas entre 2003 y 2006 les serán suspendidas las penas y su individualización se dará solo por concierto para delinquir y no por otros delitos que pudieron cometer y que no serán judicializados.

Amparo Mejía, coordinadora de las Madres de la Candelaria aseveró que para las víctimas este es un mecanismo “con el que los desmovilizados se refugiarán y no contarán la verdad para no ir a la cárcel. Muchos de ellos no nos dirán que pasó con nuestros familiares”.

Aseguró que muchos de los jóvenes que se presentaron para recibir los beneficios de esta ley participaron en desapariciones forzadas en las comunas “y no lo contaron y llenan de angustia a los familiares que ya no sabrán de ellos. De alguna forma eso es impunidad”.

En entrevista con este medio el 10 de diciembre pasado, Éder señaló que “es imposible alcanzar una judicialización de todo el mundo” y agregó que para que un desmovilizado obtenga los beneficios debe tener su pasado judicial “y si lo trae uno confía. Si las personas demuestran que están bien y que no han vuelto a delinquir recibirán los beneficios”.
 

LOS COLADOS

Al igual que sucedió en proceso como la desmovilización donde hubo “colados” (como el caso de alias “el Tuso Sierra” a quien presentaron como paramilitar y era un presunto narcotraficante), en este proceso de la Ley 1424 pueden presentarse como desmovilizados personas que nunca lo fueron para recibir el indulto por delitos graves que cometieron.

Al respecto, el especialista en Ciencia Política, Jairo Delgado, indicó que existe ese riesgo “pero me parece que el proceso que se adelanta es un proceso que permite detectarlo porque hay un acompañamiento más cercano de las autoridades, no obstante habrían algunos que aspirarían a aprovechar el proceso y estas bondades, pero el Gobierno está atento a esta situación”.

Por su parte, Eder indicó que si un desmovilizado presenta su certificación como tal “puede acceder a los beneficios de esta Ley”.

Sin embargo, hoy, cuando se cierra el plazo para solucionar el limbo jurídico de los cerca de 28.000 desmovilizados que dice el Gobierno recibirían los beneficios y que si no irían a la cárcel, a las víctimas les queda el sinsabor de saber si conocerán la verdad de sus tragedias, pese a que cómo afirmó Amparo Mejía “ellos firmaron un compromiso de contar la verdad”, que según voceras de las Madres de la Candelaria, una vez más será enterrada y quedará en el olvido.