Débiles terminan las relaciones entre los poderes públicos en el 2011 por cuenta de la Reforma a la Justicia que esta semana culminó su cuarto de ocho debates en el Congreso de la República.

Con la respuesta del Presidente Juan Manuel Santos que le dice a las Cortes que “se equivocaron de destinatario” al enviarle una carta para que intervenga en el proceso que lleva la reforma constitucional, se cierra una semana que podría calificarse como una de las más duras en cuanto a las relaciones entre el poder Ejecutivo y Judicial en el gobierno Santos. Pero el chaparrón no sólo es entre ellos, pues rayos y centellas también cayeron entre la Corte Suprema de Justicia y el Congreso.

Y es que la diplomacia que hasta el momento había guardado el magistrado Camilo Tarquino como presidente de la Corte Suprema se desdibujó desde el jueves, cuando afirmó que con la reforma se estaría dando el primer paso para debilitar a esa Corporación totalmente. En ese sentido, Tarquino abrió la puerta para adelantar contactos con organismos internacionales que vigilen lo que está pasando en el país. Sobre este asunto Tarquino habló con Colprensa.

¿Cuál es su impresión sobre la Reforma a la Justicia?

Esa reforma ha tomado una dirección distinta a la inicialmente propuesta. Se han puesto temas que no estaban en el articulado inicial.

¿Cuáles son los puntos que usted considera no deben estar en la reforma y cuáles sí?

Más bien diría con qué puntos la Corte no está de acuerdo. Uno es el que tiene que ver con la creación de un tribunal para la investigación y juzgamiento de aforados; otro con el rango que se da a la Corte Constitucional frente a la revisión de decisiones judiciales.
 
Pero el Congreso ya eliminó esos dos aspectos…

Ya no se trata de ver aspectos aislados del proyecto sino de la coherencia de la reforma en su integridad.

Hay que revisar el rol de cada aspecto frente al equilibrio de poderes. Es preciso avanzar, no retroceder en las instituciones creadas hace 20 años.
 
¿Qué les molestaba del tribunal propuesto para juzgar aforados?

Ese tribunal iba a ser conformado por algunos miembros que serían nombrados por quienes eventualmente podrían llegar a ser investigados. No nos parece apropiado que el Ejecutivo y el Legislativo intervengan en la escogencia de los jueces, pues le quita independencia y autonomía a la Rama Judicial.

¿Se está sustituyendo la Constitución?

Sí. Se está sustituyendo la Carta pues se desdibuja el esquema consagrado por el constituyente del 91 que estableció tres ramas del poder público, cada una con su función.
 
¿Eso quiere decir que la reforma en este aspecto es inconstitucional?

Sí, y así lo debería considerar la Corte Constitucional al estudiar el tema.
 
A propósito de la  Corte Constitucional ¿cómo analizan los poderes con que se pretendía investir a esa instancia?

La Constitución determinó cuatro grandes Cortes, cada una a cargo de una función y especialidad. Ninguna por encima de la otra.
 
¿Qué pasaría si la Corte Constitucional tiene los poderes que se le pretendían dar?

Si esa Corte se convierte en un órgano de cierre, comenzaría a opinar en temas judiciales de todo tipo (penales, civiles, laborales) y eso no es adecuado. Cada órgano de cierre tiene su función.
 
Pero se ha dicho que era una forma adecuada para solucionar los ‘choques de trenes’

Por el contrario. Eso lo que hace es institucionalizar el choque de trenes. Nosotros hemos entendido que no podemos vivir discutiendo todo el tiempo y nos hemos autorregulado.
 
¿Cómo analizaron la figura de habeas iuris?

Esa fue una figura propuesta por un magistrado de la Corte Constitucional pero está en estudio y hay que analizarla para saber si descongestiona o no.
 
La reforma les quita las facultades nominadoras. ¿Qué opina sobre eso?

Eso es nocivo para el sistema de pesos y contrapesos. Lo que se debe mejorar es lo que resulta mal, lo que anda mal y si tenemos un Procurador y una Contralora que están rindiendo ¿por qué cambiar el sistema de elección?

¿Lo que está sucediendo en el Congreso es una represalia contra las Cortes?

Nosotros no queríamos pensar que fuera una represalia o retaliación, pero en la medida en que está cogiendo un camino equivocado parece que la intención es quitar del conocimiento de la Sala Penal todos estos temas.

¿Eso tendría que ver con los antecedentes de parapolítica?

Pareciera que lo que quiere es dejar sin funciones a la Corte Suprema. Indudablemente, están debilitando a la Corte y se está fortaleciendo demasiado  el Ejecutivo y eso no es viable en una Estado Social y democrático de Derecho como el colombiano.

¿Consideran acudir ante tribunales internacionales?

A organismos internacionales. La Corte Suprema estima que está siendo gravemente amenazada la independencia y autonomía de la justicia colombiana y para ello hay organismos internacionales.
 
¿Cómo se da esa amenaza?

En la medida en que el Ejecutivo sea quien nombre los jueces, la justicia se ve amenazada. Ese es un ejemplo.

¿Quién está detrás de la amenaza, el Ejecutivo o el legislativo?

A mí me gustaría que el pueblo reflexionara y los medios observaran. Con esta reforma se puede advertir alguna injerencia, si bien no para querer acabar con la Corte Suprema, sí para dejarla totalmente debilitada.
 
¿Este sería el primer paso para acabar con la Corte?
 
Es probable. No descarto que ese sea el querer de algunos pues lo único que ha hecho la Corte es cumplir las funciones consagradas por la Constitución.
 
Entonces, ¿qué se está moviendo bajo la mesa?

Yo no sé. No entiendo, pero se ha sacado en un tiempo demasiado corto.

¿No será porque esta es una bandera del Gobierno?

El presidente Santos ha querido reformar la justicia, yo pensaría que el afán es para mostrar un debilitamiento o dejar por varios años debilitada la justicia.
 
¿Cómo ve el futuro de la justicia en caso de que la reforma pase definitivamente?  

Si esta reforma pasa no durará mucho tiempo, otra contrarreforma vendrá para que se le vuelva a asignar a la justicia su autonomía e independencia.

Ante las alarmas que han prendido ¿han hablado con colegas de otros países?

Nos va tocar acudir ya a organismos internacionales para mostrar cómo la justicia está amenazada.

Nosotros creemos que la ropa sucia se lava en casa pero no hemos sido escuchados.

En  cuanto a la congestión judicial, si las salidas propuestas en la reforma no sirven ¿cómo hacerlo?

La ley puede encargarse de eso. Lo que sí le recuerdo es que la Corte Constitucional declaró inexequibles las medidas que pasaban funciones a notarios y empleados judiciales y ahora por vía constitucional lo quieren consagrar.

¿El Ministro de Justicia ha sido el puente que se esperaba entre ustedes con el Ejecutivo y el Legislativo?

Hasta ahora no lo ha sido, pero destaco sus buenas maneras y trato con esta Corporación.

¿Ese puente se quebró?

No creo. Pero sí debe ser reexaminado y reflexionado para que haya una comunicación directa entre los jueces y el Ejecutivo.

¿Se volverían ustedes a sentar con el Congreso?

Eso depende de si cambian las condiciones de la reforma. Pero si se mantiene un proyecto que debilita la justicia no vale la pena.

Con respecto a la carta que le enviaron al Presidente Santos, él ha dicho que se equivocaron de destinatario ¿Qué sensación les queda con esta respuesta?

Acudimos al Presidente de la República porque el Jefe de Estado representa la unidad de la Nación.

En tal condición,  consideramos que debe velar por un orden jurídico interno que respete la independencia de las ramas del poder público.