Todo parece indicar que el Gobierno citará en febrero a sesiones extras del Congreso para estudiar la reforma tributaria. Abordar la reforma ahora y no en el segundo semestre busca evitar los impactos de la campaña electoral en su discusión.

Empecemos por reconocer que la recaudación tributaria en Colombia como porcentaje del PIB está por debajo del promedio de América Latina y muy abajo en comparación con la OCDE. En efecto, en el 2018, último año comparable, el porcentaje en Colombia fue de 19.4%, 3.6% menos que el de la región (23.1%) y apenas algo más de la mitad del de la OCDE (34.3%). Es decir, recaudamos menos, mucho menos, de lo que deberíamos.

Por otro lado, nuestra estructura tributaria, la proporción de cada categoría de ingresos sobre el total de los ingresos tributarios, está desbalanceada. La mayor parte de los ingresos tributarios tiene su origen en el IVA y otros impuestos sobre bienes y servicios (29.4%), después en la renta de sociedades (25.5%) y muy poco en la renta de personas naturales (6%). En AL esos porcentajes son del 28%, 16% y 10%, respectivamente. En la OCDE 20%, 9% y 24%. En otras palabras, la estructura tributaria está centrada en exceso en las sociedades y muy poco en las personas naturales. El año pasado 3.57 millones de colombianos presentaron declaración de renta, muy por debajo de países como España, con población similar a la de Colombia, donde declaran más de 20 millones.

Además la tasa efectiva de tributación en Colombia es altísima. Alcanza el 71.2%, según el Banco Mundial. En otras palabras, acá el Estado se queda, por distintas vías, con 71 pesos y veinte centavos de cada 100 de las ganancias. El promedio mundial es del 40.4%, el de América Latina del 46.6%, el de Europa 36.5% y el de Norteamérica del 30.6%. Esa tasa, primero, castiga la competitividad y aleja la inversión extranjera, y, segundo, constituye un incentivo perverso para la informalidad.

La pregunta, por tanto, es cómo conseguimos bajar la tasa efectiva de tributación y, al mismo tiempo, aumentar el porcentaje de la recaudación como parte del PIB. Pareciera contradictorio, pero no lo es, aunque la distorsión no sea sencilla de corregir. De entrada, supone aumentar el número de personas naturales que tributan y disminuir la carga efectiva en cabeza de quienes ya lo hacen, en especial las empresas. Una advertencia: en Colombia la inmensa mayoría de las empresas, el 92.3%, son micro empresas.

Así, una reforma tributaria que aumente la tasa efectiva de tributación, que cargue aún más a quienes ya tributan, sería un grave error. Es lo más fácil y sencillo, por supuesto. Los contribuyentes ya están identificados y son mucho más fáciles de fiscalizar. Pero nos haría mucho menos competitivos y castigaría el emprendimiento, la generación de riqueza y la creación de empleo. Además, le daría un palazo adicional a quienes ya vienen muy golpeados por la crisis económica ocasionada por la pandemia y los confinamientos ordenados para intentar contenerla. E invitaría a una mayor informalidad en un país que para octubre tenía el 48.5% de ocupados informales en las ciudades y un porcentaje aún mayor en las áreas rurales.

El problema, en todo caso, está en que existe una tensión entre las necesidades de financiación del presupuesto aprobado, 313.9 billones de pesos, y los ingresos tributarios, que fueron de 146 billones, 21 billones por debajo de lo que debería haber sido el 2020. Es decir, el hueco es inmenso.

Ahora, por mucho que haya que estudiar con cuidado cómo llenar el hueco, es indispensable debatir sobre la naturaleza y efectividad del gasto público. Sigo convencido de que es un error fundamental y estratégico centrar el debate solo en los mecanismos para aumentar el recaudo y no hacerlo sobre los motivos del aumentado gasto público, que creció exponencialmente desde 148.3 billones en 2010 hasta llegar 313.9 para este año, y en porqué los gastos de funcionamiento se han triplicado desde ese año. De la discusión política han desaparecido las palabras austeridad y reducción del tamaño del Estado. En el presupuesto apenas 58 billones son para inversión.