Norte de Santander sigue presentando cifras preocupantes sobre desplazamiento forzado y confinamiento, según el más reciente informe elaborado por la Defensoría del Pueblo. Dicho análisis arrojó que en la zona del Catatumbo, respecto a las otras regiones del país, se presentaron más casos de confinamiento durante el 2020.

La Defensoría expresó en un comunicado de prensa que durante el año anterior los confinamientos aumentaron en al menos un 252 por ciento con relación al 2019, siendo la subregión nortesantandereana la que más casos aportó con alrededor 33.627 personas afectadas (9.997 familias).

La razón que llevó a que se intensificara este fenómeno en el departamento, según la entidad del Ministerio Público, fue el paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl) en el primer trimestre del 2020.

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El año pasado se presentaron también varios hechos lamentables contra la población como, por ejemplo, el ocurrido el 18 de julio en zona rural de Cúcuta y Tibú, donde se registró una masacre en la que murieron ocho personas en las veredas Totumito y Vigilancia. Esta situación obligó a que más de 400 personas del área rural se tuvieran que alojar en el corregimiento Banco de Arena. Otras 80 se refugiaron en albergues instalados en la vereda El Ambato (Tibú).

También, el pasado 28 de diciembre, 80 familias de La Silla, corregimiento de Tibú, y Cerro Mono, zona rural de Cúcuta, huyeron de sus casas por temor a ser víctimas del fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y un grupo de paramilitares que se disputan el territorio, según reportó la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Por cuenta de estas acciones, la Mesa Humanitaria del Catatumbo emitió una carta abierta, en agosto, en la que instó a los grupos subversivos y al Ejército Nacional a dejar fuera de los combates a la población civil. Pese a que las partes se comprometieron a respetar el Derecho Internacional Humanitario, los casos se siguen presentando.

Situación en el país

El informe de la Defensoría del Pueblo detalla que en el 2020 se presentaron un total de 90 eventos masivos en los que 28.509 personas, de 8.192 familias, fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de hechos violentos vinculados al conflicto armado.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, hay una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La entidad señaló que la principal causa de los desplazamientos fueron los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan los territorios, y cometen otros delitos como amenazas, hostigamientos, estigmatización, homicidios, violencia sexual, riesgo y materialización de reclutamiento, instalación de minas antipersona y munición sin explotar, secuestros y desapariciones.

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Informe de la Misión de Verificación de la ONU en ColombiaNariño es otro de los departamentos afectados tanto por el confinamiento como por el desplazamiento. Allí se reportaron 43 casos en los que se desplazaron 14.048 personas (4.711 familias). En esa región ocurrieron otros cinco eventos en los que 9.979 personas (2.457 familias) tuvieron que confinarse para salvaguardar su integridad de los combates.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria se sumó el impacto de la COVID-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, alertó Camargo.