Luego de un día de mucha tensión por los efectos de una acción de tutela emanada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, donde se ordenaba el reintegro del gerente  apartado del cargo, Jairo Pinzón López, vuelve la normalidad al hospital regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Nuevos hallazgos en el hospital de Ocaña Una comisión especializada de la Superintendencia de Salud adelantó una visita de verificación y ratificó como agente interventor al Yamil Blel Cervantes, al considerar que la tutela es improcedente y tiene déficit de aplicación, pues nunca hubo notificación a las partes.

El asesor jurídico, abogado José Manuel Suárez Delgado, indicó  que la posición de la Superintendencia no ha cambiado a raíz de la acción de tutela y se esgrimen mecanismos para impugnar esa decisión apresurada e inconsulta de un juez de la república.

“Se estarán agotando todos los recursos de una medida improcedente”, recalcó.

Los funcionarios indican que a pesar de esos tropiezos, el servicio a los usuarios está normal, y más ahora en tiempo de pandemia.

Durante todo el día estuvieron en los alrededores de Centro Asistencial unos 50 habitantes de la zona del Catatumbo para brindar el apoyo al abogado Pinzón López y al caer la tarde regresaron a sus sitios de origen al conocer que no pudo volver a su cargo.

El superintendente delegado de medidas especiales, Germán Augusto Guerrero Gómez, indicó que se está verificando en terreno la realidad, se amplían los hallazgos de presuntas irregularidades, las cuales han sido puestas en conocimiento a los entes de control.

Fue enfático al afirmar que la intención es la depuración del sistema y evitar las prácticas inadecuadas de las personas que no ven la salud como un derecho de la gente. 

“El objetivo es asegurar la prestación de los servicios y entregar un hospital sano a la gobernación del Norte de Santander en seis meses. La superintendencia va a permanecer en el centro asistencial”, recalcó.

Denunció la concentración de contratos en seis firmas sin cumplir, presuntamente,  con requisitos de pluralidad. “Corresponde al 39.4 por ciento del presupuesto del hospital que superan los 35 mil millones de pesos”, precisó.

Hospital se debatió entre dos gerentes  

En medio de la pandemia en donde todos los esfuerzos deben estar enfocados hacia los programas de prevención, el hospital regional Emiro Quintero Cañizares estuvo enfrascado en una polémica jurídica.

Confusión en el hospital de Ocaña, ahora con dos gerentes

La  decisión tomada por el Juzgado Oral Administrativo de Cúcuta dejó con dos directores al Centro Asistencial, ya que ordenaba en primera instancia el reintegro inmediato del abogado Jairo Pinzón López, quien fungía como gerente de la entidad.

En un comienzo existía confusión, los empleados no sabían a quién acatar órdenes, si al interventor Yamil Roberto Blel Cervantes o al antecesor destituido por presuntas irregularidades cometidas durante su administración de tipo administrativo, contractual, financiero y asistencial.

La acción de tutela 

El viernes pasado, un fallo de tutela del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, en primera instancia resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso de Pinzón,  gerente apartado del cargo del hospital regional Emiro Quintero Cañizares, mientras avanza la intervención de la Superintendencia de Salud.

La disposición suspende los efectos jurídicos de la resolución N° 012773 de 2020 por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa de la Empresa Social del Estado, (E.S.E.) Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

En consecuencia el juez de la república ordenó a la Superintendencia de Salud y al Departamento de Norte de Santander para que en el término de un día, contado a partir de la notificación de la providencia, reintegren a Pinzón al cargo que venía desempeñando como gerente.

Gobernador acata la orden

El gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, mediante decreto 001073 del 17 de diciembre de 2020 acató la orden judicial contenida en la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Cúcuta tramitado bajo el radicado número 5400133.

En la misma se ordenó, en el término de un día,  reintegrar al señor Jairo Pinzón López en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado, hospital regional Emiro Quintero Cañizares, de manera inmediata a efecto de garantizar la atención de los servicios de salud a cargo de la mencionada entidad de la cual es titular en virtud del nombramiento ordinario hecho por la administración departamental.

El gobierno seccional comunicó a Jairo Pinzón López, a la Superintendencia y al Juzgado de Cúcuta, para su conocimiento y fines pertinentes, pero como ya es sabido, la orden no procedió porque la tutela tenía déficit de aplicación. 

Hallazgos administrativos y financieros

Es de precisar que Pinzón Lopéz fue retirado de su cargo, porque se identificó un presunto favorecimiento con 6 contratistas por $35.672 millones, que representan el 39,4% del presupuesto de la vigencia 2020. 

Entre las posibles irregularidades se encontraron el no cumplimiento de requisitos; contratación directa al identificarse que la mayoría de los contratos se adelantan bajo este proceso de selección, sin que se garanticen la pluralidad de oferentes; falta de sustento técnico y de estudios de mercado y financieros. 

Así mismo, se evidenció el pago de anticipos sin justificación y sin un adecuado seguimiento del uso y manejo de los recursos.

El equipo auditor identificó medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y ascienden hasta $3.085 millones, además de contratos sin planeación y mucho menos estudio de cargas laborales.  

También se halló presunta sobreestimación de los activos de la empresa, pues de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones serían recuperables.

Se identificó una subestimación del pasivo de la entidad por el no reconocimiento o registro de la totalidad de procesos judiciales, esto significa que el valor no contabilizado asciende $14.752 millones y corresponde a fallos condenatorios que superan los $2.564 millones y $12.188 millones de procesos en curso con un alto riesgo de pérdida.

El recaudo solo alcanza para cubrir el 50% de la operación corriente del hospital.

El hospital no cuenta con un software integrado de información, por tanto, los procesos de historia clínica, admisión, facturación y cartera son administrados por terceros y son de propiedad y manejo la cooperativa contratista, hecho que  genera retrasos e inconsistencias de la información.