Los colombianos no creen en el Congreso y las decisiones de muchos jueces y tribunales les generan dudas, preocupaciones y desconfianza.

Todas las investigaciones, encuestas y sondeos de opinión que se hacen con frecuencia en Colombia coinciden en que el Congreso y la rama judicial son las instituciones más desprestigiadas y con la peor imagen.

Los colombianos no creen en el Congreso y las decisiones de muchos jueces y tribunales les generan dudas, preocupaciones y desconfianza.

En cualquier otro país esto es lamentable y vergonzoso. En Colombia parece algo normal a lo que, desgraciadamente, nos hemos ido acostumbrando. Es larguísimo el listado de congresistas, jueces, magistrados y funcionarios - muchos se eligen de ternas que el gobierno le envía al Congreso -, que están enredados en escándalos de corrupción, narcotráfico y masacres.

En las últimas horas, un senador y un representante fueron capturados en desarrollo de investigaciones que se les adelantan por ofrecer dinero para que se profiriera un fallo a favor de un amigo, el uno; y el otro, por llevar cocaína en su maletín. Y algo más grave: el juez que no le aceptó el soborno de 200 millones de ‘barras’ (pesos) al senador Eduardo Pulgar, tuvo que irse del país por las amenazas de muerte contra él y su familia.

Entre tanto, se aviva la controversia por la integración de la Comisión Nacional de Disciplina, el organismo que reemplazó a la cuestionada Sala Disciplinaria del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura. Esta dependencia fue eliminada desde 2016 por la llamada reforma de equilibrio de poderes, pero por esas mangualas y “jugaditas” que son comunes en el Congreso y la rama judicial, siguió funcionando.

Los nuevos magistrados fueron elegidos por amplia mayoría. Los cuestionamientos y reparos no se hicieron esperar: entre los elegidos se encuentran funcionarios llamados ‘eternos’ por su larga atornillada a sus puestos; una magistrada prácticamente se reeligió, lo que está prohibido, y aparece también un exgobernador de Boyacá que es investigado por recibir sobornos de Odebrecht.

Otra elección por amplia mayoría que se hizo en la Cámara fue la del nuevo Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien tuvo que pedirle la renuncia al recién nombrado por él defensor regional en Barranquilla, porque hace varios años fue condenado por el saqueo de Foncolpuertos. 

El Congreso igualmente eligió a la nueva procuradora general de la Nación, la exministra Margarita Cabello, y el Consejo de Estado estudiará las demandas de nulidad que se han presentado contra su elección.

No puede ser más inquietante el panorama que tenemos frente al Congreso y la rama judicial, mientras los corruptos siguen robándose todo lo que pueden de las arcas públicas, y los violentos asesinan líderes sociales por todo el país.

El Congreso y la rama judicial no quieren autorreformarse o reinventarse como se dice ahora. Dieciocho reformas se presentaron al Congreso en los últimos años y todas se hundieron. El plebiscito anticorrupción quedó en un simple saludo a la bandera. Lo que quieren los prohombres de estas instituciones es perpetuarse en sus puestos y, si es posible, ganar más poder para cogobernar, como lo estarían indicando recientes tutelas. Lo que nos faltaba: el gobierno de los jueces.