El derecho fundamental a la educación en Colombia, consagrado en nuestra Constitución, se está volviendo como el de la salud: en el nuevo rey de burlas, para el que acceder es necesario tramitar en forma dispendiosa multitud de derechos de petición y acciones de tutelas.

El más reciente informe de la Corte Constitucional nos revela que en ese tribunal se radican cada día 13 acciones de amparo en procura de obtener la garantía de este derecho. Entre enero y marzo de este año se interpusieron 913 acciones y el año pasado, 5.307.

Instalaciones escolares y educativas en mal estado, con los techos a punto de venirse al suelo, carencia de baterías sanitarias, un solo maestro para dictar todas las materias, cortes de servicios esenciales como luz, agua, teléfonos e internet, bibliotecas sin libros, son algunas de las dificultades que tienen que enfrentar a diario estudiantes, profesores y padres de familia para acceder al derecho a la educación. Como si se tratara de privilegios inalcanzables. Problemas que deben resolver alcaldes, gobernadores o el Gobierno Nacional. 

Recordamos que en Norte de Santander hubo un caso emblemático hace varios meses del que La Opinión se ocupó ampliamente. Los niños de la vereda San José de Campo Lajas, en Sardinata,  arriesgaban todos los días su vida para poder ir a estudiar. Ni las quejas de los padres, ni de los líderes de la vereda, ni de la Personería de Sardinata habían servido para que las autoridades locales o departamentales reconstruyeran el puente ‘La Hamaca’ que en 2016 había colapsado y era vital para atravesar de forma segura el río Nuevo Presidente. 

Sin el puente, los niños de esta zona -ubicada en el corazón del Catatumbo-, tuvieron que improvisar algún medio para poder llegar hasta la otra orilla. Uniendo troncos en una forma básica y artesanal, los menores cruzaban el río exponiéndose a que antes de llegar a la Institución Educativa San Luis Bertrán fueran atacados por los caimanes o se los llevara la corriente. 

El ministerio de Educación ha revelado cifras preocupantes que complican aún más el panorama de las dificultades de acceso a la educación. Para el 2018, de cada 100 niños en edades para estar matriculados, 20 no tenían acceso al sistema escolar. En el caso de la enseñanza ´preescolar, la tasa de cobertura llegaba al 57 por ciento; en la secundaria, al 72 por ciento; en la media, al 43 por ciento; y en la universitaria, solo 30 de cada 100 ciudadanos tenían acceso a ella.

Norte de Santander aparece entre los seis primeros departamentos del país con más acciones de tutelas para la búsqueda y protección del derecho a la educación, después de Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Atlántico.

Pero los tutelantes no solo reclaman acceso al derecho a la educación. La Corte les dio la razón a los padres o acudientes que también reclamaron por abusos y discriminaciones contra niños en condiciones de discapacidad, y hasta por casos diagnosticados de niños hiperactivos. 

Desalentador panorama el que estamos enfrentando en materia de educación. No solo hay dificultades para acceder a este derecho, sino que tampoco tenemos las herramientas pertinentes para mejorarlo.