Luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentara el primer borrador del referendo que propone eliminar o modificar de fondo la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, aseguró que el diseño de este sistema es pionero y ejemplo en el mundo.

El pronunciamiento lo hizo el vicefiscal en el marco del encuentro ‘Impacto de los tribunales internacionales de jurisdicción subsidiaria’, donde aseguró que la JEP, contrario a lo que muchos afirman, no riñe con la CPI, y que si siguen trabajando de la mano se podrá perfeccionar el modelo  que busca investigar y enjuiciar a los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto.

“En 2012 se identificaron unos crímenes del Estatuto de Roma que parecían necesitar atención. Teníamos que darles un tiempo a las autoridades para abordar estos temas en lugar de concluir que debíamos abrir una investigación. Este llamado ha funcionado en beneficio de la aplicación local de los parámetros internacionales de justicia”, sostuvo el vicefiscal.

La jueza de la CPI, Luz Ibáñez Carranza, también se sumó a los argumentos de Stewart y señaló que hay una falsa dicotomía entre justicia y paz. “La una no está divorciada de la otra. Es más, la justicia es base y pilar fundamental para una paz estable y duradera”, dijo.

“Cuando se habla de justicia transicional nos referimos a procesos excepcionales y provisionales que las sociedades en conflicto o posconflicto ponen en marcha con el objeto de facilitar transiciones ya sea de una dictadura o periodo de conflicto a escenarios de paz y una democracia. Ambas Jurisdicciones buscan un mismo fin y se deben apoyar en sus esfuerzos. Eso es lo que hemos visto entre las cortes de Bosnia que se vieron complementadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia”, añadió Ibáñez.  

Lo que plantea Uribe

En el borrador de referendo que dio a conocer este fin de semana, Uribe propone derogar la JEP o reformarla brindando garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero manteniendo  los beneficios judiciales.

“Otra alternativa: se reducirían los periodos de los actuales magistrados  de la JEP, en todo caso, se proponen garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas, una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública con magistrados imparciales  que conozcan sus protocolos, la estructura  de mando, las reglas operacionales, los integrantes de la Fuerza Pública por delitos cometidos hasta el primero de diciembre de 2016”, señalo el expresidente.

Asegura que, con esta reforma, los integrantes de la Fuerza Pública, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrían solicitar la libertad condicional exceptuando los que hayan cometido delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.

Adicional a la propuesta del exmandatario, semanas atrás, la senadora por Norte de Santander, Milla Patricia Romero Soto, radicó un proyecto de acto legislativo mediante el cual plantea, igualmente, la eliminación de la JEP, tras considerar que este tribunal, creado en el marco del acuerdo de paz con la Farc, no ha cumplido la misión para la cual fue concebido.

No obstante, por falta de tiempo, la propuesta no lograría ver la luz en lo que resta de la actual legislatura, pues se quedaría corta para surtir los debates correspondientes.