Y otra vez volvemos a ser tema de conversación y análisis, pero de lo malo, como es el caso de la desaparición forzosa en la zona limítrofe entre Norte de Santander y Venezuela, convirtiéndose en otra situación aberrante de violación a los derechos humanos.

Particularmente estos hechos se circunscriben a Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Tibú, en este lado colombiano, y en los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure, de acuerdo con un documentado informe de la Fundación Progresar, situación que ha generado preocupación en la oficina del alto comisionado de la ONU.

En el análisis se recogen 61 casos de desapariciones forzadas transfronterizas ocurridos  entre 1990 y 2016, pero que a partir de 2010 evidenciaron una mayor frecuencia toda vez que el 68,8 % ocurrió a partir de ese año y 2016, mientras que el 31,1 % restante entre 1990 y 2009.

Por ser un delito escondido, invisibilizado, poco conocido por autoridades locales, regionalesy el Gobierno Nacional se considera por parte de los autores del análisis que el número de afectados asciende a alrededor de 350 personas en los últimos 10 años en la región.

Este documento llamado “Desaparición Forzada Transfronteriza en Norte de Santander: análisis de las raíces y dinámicas de un crimen escondido”, es ahora un motivo más para recalcar en lo que se ha venido planteando sobre la necesidad de tener un canal de comunicación Caracas-Bogotá.

Es decir, una línea un consulado o una oficina de asuntos especiales y urgentes entre  los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro, porque cada vez se nota más que es a la criminalidad y a los dueños de las economías ilegales a los que conviene que las relaciones entre ambas naciones sigan rotas.

Para enfrentar un asunto tan escabroso como el de la desaparición transfronteriza es requerido que haya interlocución entre los dos gobiernos para saber qué es lo que está ocurriendo y delinear y poner en marcha una acción común y contundente desde el punto de vista preventivo, policial y judicial.

Pero como ni siquiera hay un contacto mínimo y el hielo o los ataques verbales y las acusaciones o señalamientos reemplazaron los hilos diplomáticos, la impresión es que el crimen organizado va consolidando su accionar en la frontera común, donde ni siquiera hay la posibilidad de conocer si una persona que cruza tiene antecedentes o es buscada por la ley, porque no hay intercambio judicial.

Ojala, lo expuesto por Yulieth de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, permita que la acción de la ONU lleve a la mesa a ambos gobiernos a tratar este doloroso asunto. 

“Nuestra oficina está en seguimiento de esta situación que muestra los retos del Estado frente a su obligación de impedir la ocurrencia la desaparición forzada transfronteriza”, dijo de Rivero.

Es importante que dicho documento sea tomado para proceder a adoptar que la Defensoría del Pueblo, la red de Personerías y organizaciones defensoras de derechos humanos estructuren unas acciones para la reconstrucción de estos hechos y su esclarecimiento, en una operación en que debe jugar papel trascendental la Fiscalía. Y, ojalá, intentar que Venezuela haga algo similar.