La pandemia por la COVID-19 ha dejado un panorama social cargado de incertidumbre y polarización que, para muchos, anticipa lo que será la jornada electoral del 2022. 

Como al camino de renovación presidencial aún le falta un largo recorrido, desde distintos sectores se reclaman soluciones que puedan apaciguar el malestar ciudadano que se ha volcado a las calles durante los últimos días y que tiene a las autoridades sanitarias en alerta por posibles rebrotes del virus. 

Desde la muerte de Javier Ordóñez, luego de que dos agentes de la Policía hicieran uso excesivo de la fuerza en su contra, la indignación ciudadana en el país no ha parado, en especial, porque se han sumado hechos como el asesinato de Juliana Giraldo a  manos de un miembro el Ejército, en Miranda, Cauca, y la respuesta, calificada por muchos analistas como desacertada, que dio el Gobierno al fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenaba presentar disculpas por la forma como actuó la Fuerza Pública en las manifestaciones del pasado 21 de noviembre.

Y es que esta nueva ola de protestas que se han presentado, incluyendo los debates que se han dado alrededor del uso de la Fuerza Pública, tienen un contexto similar al de las marchas de noviembre del año pasado cuando ante la protesta social, el Gobierno tuvo que convocar lo que denominó una gran ´Conversación nacional’ con la que buscaba concertar con las distintas organizaciones sociales mejoras en temas como la corrupción, juventud, educación, equidad, paz y medioambiente.

Sin embargo, el escenario de la pandemia hizo que la Conversación Nacional quedara en el aire, pese a que el Gobierno sostiene que se logró avanzar en acciones concretas como la aprobación del acuerdo de Escazú, que busca fortalecer la defensa de los líderes ambientales en los territorios, pero que por el momento sigue sin ser ratificado por el Congreso. 

El columnista Pedro Viveros indica que traducir en reformas institucionales las demandas de la ciudadanía es necesario para disminuir el malestar social que viene desde finales del año pasado y se ha venido exacerbando en la pandemia, pero advierte que estas reformas deben involucrar a todas las instancias estatales. 

Para el columnista, el Gobierno debe retomar la conversación nacional que se inició desde antes de la pandemia y que ya llevaba algo de avance, con el objetivo de no perder el trabajo que se venía realizando ni los acuerdos a los que se llegó. Dice que esto tendría que materializarse en el Congreso y en las distintas instancias de debate nacional. 

El analista plantea que el Gobierno debería escuchar las voces de los ciudadanos que han salido a la calle para protestar, debido a que esta herramienta hace parte de la una democracia. Sin embargo, esa escucha, dice, debe materializarse en acciones concretas, hechas efectivas por los miembros del Ejecutivo. 

Viveros aclara que para que la indignación de las calles se traduzca en cambios institucionales, quienes hacen parte de los movimientos de protesta deben comprometerse a no utilizar la coyuntura para sacar réditos políticos de cara a las elecciones del 2022.

Sin embargo, la relación entre las protestas y el escenario preelectoral es incuestionable, como lo señaló recientemente el presidente Duque. “Va a haber un debate muy difícil el próximo año. Veremos demagogia y populismo, tratando de tomar ventaja de esta recuperación y tratando de exacerbar todos estos sentimientos negativos sociales. Tratando de construir su acceso al poder basando su capacidad en generar odio, generando resentimiento entre los ciudadanos. Yo creo que la prioridad hoy día es que debemos proteger la democracia”, dijo el mandatario en su participación en la Cumbre Concordia.

Duque aseveró que  trabajará lo que le queda del periodo presidencial en la recuperación de la economía, pero al mismo tiempo para que los colombianos puedan tener el mejor debate político, de cara a las elecciones de 2022 para que no se basen ni en la polarización, ni en la demagogia, ni en populismo.

En este sentido, Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política, señala que en este escenario por el que atraviesa el país es necesario dejar de lado los intereses político-electorales si lo que se busca es que los colombianos vuelvan a tener confianza en las instituciones, pero para llegar a esto  el Gobierno debe dar el primer paso y hacer un acto simbólico de perdón nacional por los excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en medio de las protestas, como se lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. 

Para Arias, si el Gobierno empieza a hacer actos de reconciliación les devolvería algo de confianza a los ciudadanos que hoy reclaman institucionalidad, democracia y Estado de Derecho, así como mejoras en la economía, salud, vivienda, entre otros aspectos. 

Sin embargo, para el experto, las marchas, al igual que la indignación ciudadana, van a continuar, pero a menor escala en comparación con las que se registraron a finales del año pasado,  cuando la movilización nacional fue bastante fuerte. 

“Yo no me imagino este tipo de situaciones que están ocurriendo en un momento en  que todo el mundo pudiera salir a las calles a protestar sin temor. Sería caótico”, dice. 

El discurso

Desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque uno de los temas que más se le ha criticado ha sido el discurso que utiliza en momentos clave para la ciudadanía, como los escenarios de protestas ciudadanas. 

“Como Gobierno tenemos absoluta certeza que todos los derechos constitucionales contemplados y tutelados son respetados y acompañados por nosotros y por todos los miembros de la Fuerza Pública. Nosotros sabemos que Colombia ha tenido una Fuerza Pública que ha sido siempre honorable, destacada, servidora, democrática, en el sentido de respaldar los pilares de nuestro Estado de derecho”, fue una de las frases que le criticaron al presidente, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara al Gobierno disculparse por los excesos de miembros de la Policía en las protestas del  pasado 21 de noviembre. 

Carlos Andrés Arias señala que por este tipo de discursos en los altos mandos militares y en el Gobierno algunos miembros de la Fuerza Pública actúan de una forma cuestionable ante el respeto de los derechos humanos. 

“El problema del Gobierno es que tiene un tema de justificación de la violencia en búsqueda de unos réditos electorales en el corto plazo. La solución estaría en tener una conciencia democrática, una conciencia alrededor de las instituciones y de la importancia del rol que tiene el Estado, no solamente como un Estado protector sino un Estado respetuoso de los derechos de la ciudanía”, añade Arias. 

El analista de comunicación política destaca que lo más conveniente sería que el Gobierno utilizara un discurso no autoritario, más empático, que no busque un reto político, sino la reconciliación, así como devolverle la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 

El analista político Mauricio Jaramillo indica, en el mismo sentido que Arias, que el Ejecutivo  debería abandonar el discurso de la confrontación y de la polarización porque, de lo contrario, se seguirá alejando de la ciudadanía. 

“El Gobierno ha tomado una posición de estar a la defensiva frente a las críticas que se han hecho por excesos en materia de la Fuerza Pública. Se entiende que el Ministerio  de Defensa  tenga que salir a respaldar a sus soldados y policías, pero otra cosa  muy diferente es poner en tela de juicio , sistemáticamente,  la labor de  líderes sociales, los excombatientes, renegar que la justicia que está protegiendo a la gente que está manifestando”, añade Jaramillo. 

El analista complementa agregando que esta actitud del Gobierno ha sido recurrente desde el inicio del Gobierno.