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Viernes, 18 Septiembre 2020 - 10:38am

Niegan medida con la que Cortés buscaba volver a la EIS

El exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado demandó al Municipio por su declaratoria de insubsistencia.

Archivo / La Opinión
Francisco Cortés Ramírez, exgerente de la EIS Cúcuta, fue apartado de su cargo en enero pasado, apenas empezando la administración de Jairo Yáñez.
/ Foto: Archivo / La Opinión
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El  exgerente de la EIS Cúcuta, Francisco Cortés Ramírez, sigue dando la pelea por echar para atrás la decisión proferida por el alcalde Jairo Yáñez que lo dejó fuera del cargo, apenas comenzando el año.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander acaba de admitir una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el exdirectivo en contra del Municipio, con la que pretende dejar sin piso el Decreto 003 del 2 de enero de 2020, mediante el cual el mandatario local ordenó declararlo insubsistente, después de un año de estar al frente de la entidad.

Cortés alega que la decisión adoptada por el alcalde desconoce abiertamente las disposiciones estatutarias de la EIS, toda vez que la facultad de designación y remoción del gerente recae es en la junta directiva. En ese sentido, ha dicho ya en diferentes oportunidades que con la forma como se procedió en su caso, se violaron abiertamente sus derechos fundamentales y laborales, además de que se lesionó el ordenamiento jurídico de la empresa municipal.

Lea aquí:

Alcalde denuncia penalmente a exgerente de la EIS Cúcuta

Con base en sus argumentos, el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado solicitó una medida cautelar de urgencia, a través de la cual requirió al Tribunal Administrativo para que decretara la suspensión inmediata de los efectos del Decreto 003 y, en consecuencia, se le permitiera continuar ejerciendo el cargo que ocupó hasta el 2 de enero, mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad.

Sin embargo, aunque la corporación aceptó revisar el caso por cumplir con los requisitos formales, consideró que no resultaba procedente avalar la petición elevada por Cortés Ramírez en los términos en los que se estaba pidiendo, sino que era necesario darle aplicación al trámite que establece la ley, es decir, correr traslado a los demandados para que se pronuncien sobre la solicitud.

“Lo anterior, dado que no se advierte la necesidad de tomar la decisión sobre la suspensión provisional del acto acusado, sin oír previamente a la entidad demandada, pues se trata de un acto administrativo por el cual se declara insubsistente al señor Francisco Cortés Ramírez, en el cargo de gerente de la EIS Cúcuta S.A. el cual goza de presunción de legalidad”, señaló el Tribunal.

En el auto se advierte, igualmente, que el demandante no precisó cuáles son los derechos legales que actualmente están siendo gravemente afectados con la expedición del decreto que lo apartó del cargo y que requieren una decisión judicial de urgencia, “máxime si el acto demandado data del 2 de enero y la demanda se presenta hasta el 6 de agosto de 2020, sin que se explique concretamente cuál es la razón de solicitar la suspensión provisional como medida cautelar de urgencia”.

La salida de Francisco Cortés Ramírez de la gerencia de la EIS estuvo rodeada de un escándalo por cuanto se conoció que horas antes de abandonar el cargo suscribió 36 contratos por cerca de $1.700 millones, la mayoría órdenes de prestación de servicios y otros de suministros.

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Exgerente de la EIS se defiende de la denuncia penal del alcalde

Un dato que llamó la atención es que buena parte de esa contratación se concretó a altas horas de la madrugada y, al parecer, sin cumplir con los formalismos de ley.

Por estos hechos, Cortés fue citado a un debate en el Concejo, donde entregó explicaciones sobre los millonarios contratos, aunque su intervención dejó más dudas que respuestas entre los corporados.

En mayo pasado, el alcalde acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia penal contra el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado por los presuntos delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal y usurpación de funciones públicas.

La Opinión

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