Asaltantes motorizados emboscando a sus víctimas en pleno centro, masacres y desplazamientos en la zona rural de Cúcuta, presencia de la banda criminal Los Rastrojos que en algunos corregimientos parecen ser los reyes, la guerrilla del Eln haciéndose más fuerte en la línea fronteriza y la confluencia del narcotráfico y crimen transnacional, no solo arrastrado por la oleada migratoria venezolana, sino por los carteles mexicanos, componen el cuadro de inseguridad en la ciudad.

Sería bueno que tanto los gobiernos nacional y municipal escucharan a los expertos y redefinieran la estrategia operacional de lucha contra la criminalidad en esta ciudad fronteriza que registró 164 homicidios entre el primero de enero y el 18 de agosto, que junto con Quibdó, Mitú, San Andrés y Mocoa muestran incrementos en muertes violentas.

Por ejemplo, el alcalde Jairo Yáñez a quien se le escucha ese discurso de “articulación” de la institucionalidad, en su corto periodo de mandato ya lleva dos secretarios de seguridad que se han ido del gabinete, lo cual no ha permitido consolidar  ese plan de seguridad que se espera. ¿Será que tienen razón los analistas que leen en lo anterior una falta de confianza en sus funcionarios?

Igualmente interesante resultó lo dicho por el coronel de la reserva activa del Ejército, Jhon Marulanda de que “la solicitud del alcalde de poner el Ejército en las calles es un error. Los soldados no  están equipados ni entrenados para manejar la delincuencia”. Ese es un insumo que Yáñez y sus asesores debe considerar.

Pero también el Gobierno Nacional tiene que entender, como lo expusieron analistas en un trabajo periodístico de La Opinión, que  en Cúcuta muchas de las situaciones de criminalidad que ocurren no son simples hechos de barriada, sino que implican algo más grave y peligroso, contra lo que se debe de actuar de manera distinta.

La conexión con el Catatumbo que involucra a la capital nortesantandereana en la disputa de las economías ilegales y criminales nacionales e internacionales que han llegado a la región en medio de la migración, implican que debe  pasarse a fases de una gran operación de inteligencia militar y policial y hasta de formar bloques de búsqueda combinados, operativamente hablando.

Aquí vuelve a surgir la inquietud sobre la urgencia de al menos tener un canal mínimo de comunicación con la Policía del Táchira y con la Guardia Nacional Bolivariana y el CICPC venezolano, para el intercambio de información relacionada con antecedentes penales. Andar a ciegas, en ese aspecto, resulta más peligroso y costoso, como lo prueba la dura realidad.

Como Duque y Maduro no se  quieren ver ni en pintura, pues por lo menos hay que pedirle a la Interpol o a las Naciones Unidas que sirvan de ‘garantes’ o de ‘puentes neutrales’ para que haya ese mínimo conducto indispensable para tener conocimiento  sobre los sospechosos y sus andanzas más allá del Táchira.

Queda en evidencia que lo sucedido aquí no se arregla con paños de  aguas tibias en el campo del combate directo a la criminalidad en la ciudad y que para ello se requiere de una política pública, donde aparte de  no dejarle espacio a la criminalidad por parte de las autoridades y de la justicia, también los ministerios que manejan las políticas públicas emprendan una gran operación para conjurar los males sociales y económicos de la frontera. Ese binomio es vital para ganar la batalla.