Cuatro hombres con trajes especiales cargan un atáud con una de las víctimas de  la COVID-19 en Venezuela. Se dirigen hacia una fosa común ofrecida a familias que no puedan costear los gastos de una cremación. Es una despedida sin lágrimas, solitaria.

Los costos de los servicios crematorios promedian los 200 dólares, un monto impagable para la mayoría en un país con seis años de recesión donde el salario mínimo está por debajo de los 3 dólares.

Desde que la pandemia llegó a Venezuela, en marzo pasado, 16 personas han sido enterradas en esta fosa del cementerio municipal de San Cristóbal, desde donde pueden verse las montañas de los Andes. Ningún deudo puede presenciar la inhumación.

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La regla es especialmente difícil de cumplir en esta región donde suele despedirse a los difuntos en velorios escenificados en casa.

“La familia no puede estar a la hora del entierro, ¿por qué?, porque esto es protocolo de seguridad”, cuenta Fermín Pérez, quien lleva 30 años en el cementerio de San Cristóbal.

Ronald Zerpa, director de protección Civil de la zona, indicó que el protocolo incluye un proceso de desinfección del personal y del vehículo que traslada el cadáver.

 “El sitio donde se sepultan los cuerpos son tierras municipales (propiedad de la Alcaldía)”, dice Zerpa. Luego de ser enterrados, “los familiares pueden traer una cruz con el nombre del familiar y se le pondrá” para identificar al muerto, explica René Pérez, coordinador del cementerio.