El presidente Iván Duque anunció esta semana que en promedio 569.000 estudiantes de las universidades públicas del país tendrán rebajas de entre el 70% y el 73% en las matrículas. Entre ellos, 400.000 alumnos tendrían la matrícula cero asegurada. Todo esto tras lograr una inversión de casi un billón de pesos durante la emergencia.

Pero aunque suena positivo, el anuncio causó reacciones de rechazo en el sector educativo, pues los líderes del movimiento estudiantil afirmaron que el presidente Duque no ha hecho nuevos aportes para cubrir la matrícula cero, que los recursos son insuficientes o que la responsabilidad de cubrir la matrícula se delegó en universidades y entes territoriales.

La matrícula cero se ha convertido en una prioridad de la lucha estudiantil ante un panorama de pandemia, que deja un desempleo del 24,9% y del 26% en jóvenes, y ante una posible deserción de entre el 30% y el 50% en las universidades.

Para cubrir la gratuidad del semestre de todos los estudiantes se necesitan al menos 800.000 millones de pesos, pero lo que dicen los líderes estudiantiles es que el dinero otorgado por el gobierno es insuficiente y sigue dejando por fuera a muchos jóvenes de estratos 3, 4 o 5 o a estudiantes de posgrados, todos afectados por la emergencia sanitaria.

José Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), le dijo que el gobierno sólo ha otorgado 97.500 millones de pesos para las 62 instituciones públicas en el país, a través del decreto 662 de 2020, con el que se creó el Fondo Solidario para la Educación.

“Estos 97.000 millones de pesos son para 33 universidades y 29 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Eso lo que quiere decir es que el gobierno ha intentado decir que va a ayudar en la matrícula de estratos 1 y 2, pero lo cierto es que al distribuirlos entre universidades ni siquiera alcanza para esos estratos”, enfatizó Cárdenas.

Además, para el presidente de Acrees, el gobierno está anunciando como recursos nuevos fondos que ya existían con políticas antiguas. “Juntan todos los recursos de ‘Ser Pilo Paga’, que es una política que ya venía de atrás, y de generación E y lo junta con el presupuesto que ya había dado”, aseguró.

Cárdenas afirmó que la respuesta del gobierno ha sido endeudar aún más a los jóvenes y a la universidad pública, pues “abrió una línea de crédito de 16.000 nuevos cupos con el Icetex y abrió otra línea de crédito con el Findeter para prestarle a las universidades, es decir, no ofrece el presupuesto, sino que ofrece es endeudamiento para estudiantes, familias e instituciones”, reclamó.

Los anuncios recientes de matrícula cero en algunas universidades han corrido por cuenta de los fondos de las instituciones, es decir, que la inversión en la gratuidad se ha logrado gracias al reajuste presupuestal de los centros educativos.

Por ejemplo, la Universidad Nacional dispuso de 2.200 millones de pesos de sus propios recursos para cubrir la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y 2 que tengan un Puntaje Básico de Matrícula de 50 puntos y de los estudiantes de estrato 3 con puntaje máximo de 25.

De igual forma, la Universidad Pedagógica Nacional anunció una inversión de 2.122 millones de pesos provenientes de un reajuste en el plan de compra, de pasivos y de liquidación de convenios para otorgar el 100% del valor del semestre a estudiantes de estrato 1 y 2, y el 50% a alumnos de otros estratos.

¿Por qué es un problema que las universidades usen su mismo presupuesto para financiar la matrícula cero? Primero, porque desde el año 2018, cuando se adelantó un paro por parte de las instituciones públicas del país, la educación ya estaba desfinanciada en 3,2 billones de pesos.

Llegada la pandemia todas las condiciones se agudizan, y sacar recursos de sus propios fondos para financiar el pago de matrículas exacerba el déficit financiero.

“Si antes de la pandemia las universidades tenían que salir cada año a conseguir la mitad del presupuesto, porque el gobierno sólo le gira 50 de cada 100 pesos, en estas condiciones de austeridad, donde no hay posibilidad de recolectar recursos propios, entonces las universidades tienen una dificultad grandísima, y aún así están sacando presupuesto de algún lado para intentar ayudar con la matrícula de los estudiantes”, afirmó Cárdenas.

Pero además, es un problema porque como afirmó Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, “los ingresos de las universidades han caído, pero sus costos y sus necesidades han aumentado”.

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Por ejemplo, según Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, durante la emergencia sanitaria los claustros educativos han tenido que asumir los costos de la educación a distancia.

“Ha implicado que las instituciones invirtamos un recurso importante para mejorar lo que es la conectividad y la banda ancha, para mejorar nuestras áreas de sistemas, para hacer procesos de capacitación y formación en temas de tecnología para los profesores, y esto son recursos concretos que no contábamos”, dijo Martínez.

Además, es un riesgo para las instituciones, pues reacomodar el presupuesto supone restar a otras necesidades.

“Significa que le vas a quitar a calidad de la educación o vas a tener que recortar en derechos, es decir, no contratar más personal o reducir en calidad y ya no invertir en laboratorios, en dotación pedagógica y didáctica, en bienestar universitario”, sostuvo el estudiante.

Para él, será sólo hasta el cierre de esta vigencia fiscal cuando se haga evidente los recortes que las instituciones harán en salud, contratación o bienestar.

De dónde salen los recursos

  Otro aspecto que critica el movimiento estudiantil es que los recursos están saliendo de los fondos de las entidades territoriales, es decir, de alcaldías y gobernaciones.

El otro problema que ronda la matrícula cero, y que critica fuertemente el movimiento estudiantil, es que además de recursos propios de las universidades, los recursos están saliendo de los fondos de las entidades territoriales, es decir, de alcaldías y gobernaciones.

Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Nariño, Karen Delgado, parte del Comando universitario de la institución y líder de la negociación de la matrícula cero, explicó que la Alcaldía de Ipiales aportará 178 millones de pesos y la Gobernación de Nariño 1.800 millones para este beneficio.

Karen le dijo  que la responsabilidad no puede recaer en los entes territoriales, pues luego se quedarían desfinanciados. “Si este alivio lo da la gobernación de Nariño, esto no quiere decir que la responsabilidad tenga que quitársele al Gobierno Nacional”, dijo la estudiante.

¿Cuál es la solución? Para el rector Martínez, el lío viene de un problema estructural de financiación, pues Colombia invierte en educación el 4,5% de su Producto Interno Bruto, por debajo de otros países de la región como Brasil, que invierte el 6,7%, o Ecuador, que invierte el 5,5%.

Así, dice que debe hacerse primero una política de estado “que transfiera más recursos a las universidades públicas”, haciendo que la educación superior pública de calidad y gratuita no sea un discurso abstracto, sino que se concrete con recursos para fortalecer las instituciones públicas del país.

Además, para el representante de Acrees, la responsabilidad está en manos del Gobierno Nacional, “pues es el único que tiene el músculo financiero para garantizarlo a través del recaudo de los dos grandes impuestos, el IVA y el impuesto a la renta”.

El movimiento estudiantil afirma que el gobierno “puede recurrir a las reservas en el exterior, puede renegociar la deuda pública externa, hacer ajustes en el presupuesto del país, dejar de hacer exenciones tributarias a las multinacionales y de eso, podría sacar alrededor de $70 billones”.

Lo cierto es que aunque se han logrado avances de las universidades, las alcaldías y las gobernaciones, y aunque varias instituciones como la Universidad Distrital, la Universidad del Tolima, la Universidad de Cundinamarca, entre otras hayan logrado avances importantes, los recursos se quedan cortos para financiar a la totalidad de sus estudiantes, y en tiempos de pandemia muchos quedan aún sin beneficios financieros, viéndose obligados a desertar de sus proyectos educativos.