Los colombianos estamos enfrentados de nuevo a una aguda y peligrosa controversia sobre la propuesta del Centro Democrático de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Justicia. 

No es la primera vez que dirigentes de ese partido plantean la necesidad de esta iniciativa. 

Ahora la han hecho a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la presunta manipulación de testigos y fraude procesal, en desarrollo de un proceso judicial promovido contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y que luego terminó devolviéndose contra el denunciante.

Los dirigentes del Centro Democrático seguramente saben y son conscientes que el país necesita y merece la reforma a la justicia, pero además muchas otras reformas que garanticen radicales y efectivas transformaciones en otros frentes importantes de la vida nacional. 

Una, por ejemplo, que es urgente estudiar y debatir es la de la salud, un derecho fundamental proclamado por la Constitución de 1991, cuyas falencias y precariedades han quedado al desnudo por la grave crisis en que tiene colapsado al país la pandemia del coronavirus. 

Pareciera que en los gobiernos no hay voluntad ni compromiso por garantizar este derecho, además de su permisividad con muchas de las entidades e instituciones encargadas de su prestación que desvían sus recursos y solo se interesan por los negocios lucrativos que puedan hacer.

También están pendientes la verdadera reforma política que contribuya a contener la desbordada corrupción, la reforma a la educación, la del sistema general de regalías, la reforma rural, la del sistema financiero, así como la necesarísima reforma a nuestra organización electoral.

Como hemos sostenido en estas columnas, la Reforma a la Justicia es una necesidad sentida del país y desde hace muchos años se viene proponiendo y reclamando.  En los últimos años se han hecho 18 intentos por sacarla adelante y no ha sido posible.

En este momento hay tres proyectos de reforma. Uno del Consejo Superior de la Judicatura, que ya fue radicado, y otros dos, del Gobierno actual y de la Procuraduría General de la Nación.

Uno pensaría en que, si hay voluntad política y compromiso real de transformar la rama judicial y acabar con sus males endémicos, lo más indicado y conveniente sería la presentación al Congreso de un texto o proyecto unificado que haga expedito su trámite, y con el objetivo central de que en el país pueda haber, por fin, el enunciado de la “pronta y cumplida justicia”.

Proponer una Asamblea Constituyente para reformar la Justicia por un fallo de la Corte Suprema contra el senador Álvaro Uribe Vélez, quien no ha sido condenado y goza de la garantía de todos sus derechos y recursos a la defensa y al debido proceso, es una reacción desproporcionada y temeraria. Está generando una nueva situación de confrontación, de enfrentamientos y polarización que seguramente seguirá siendo estimulada por políticos oportunistas que solo piensa en sus intereses, mas que en los del país. Las consecuencias pueden ser impredecibles e imprevisibles.