El más duro golpe registrado por parte de las autoridades durante esta semana fue la captura en Medellín, Antioquia, de Francisco Antonio Angulo, alias el ‘Piloto’, quien según una sentencia del Tribunal Superior de esa ciudad, está vinculado con la masacre El Aro y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, un abogado que denunció la presencia de paramilitares en la región antioqueña.

La sentencia podría pasar desapercibida ante jueces, abogados y magistrados, de no ser porque en ella reposa el nombre del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, de quien se dice en la providencia, tuvo presunta responsabilidad en los hechos mencionados y por los cuales hubo una compulsa de copias para que se investigara su actuar.

Valle Jarramillo fue un reconocido abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos, quien, según la providencia, tuvo “serios problemas con el Ejército y el Gobernador de Antioquia a raíz de las masacres del Aro y la Granja, ocurridas en ltuango, su pueblo natal”.

El informe da cuenta que el 27 de febrero de 1998, tres personas armadas, entre ellos dos hombres y una mujer, irrumpieron en la oficina de Valle, y tras someterlo junto con su secretaria, que era su hermana y otra persona que se encontraba allí, procedieron a dispararle en varias oportunidades causándole la muerte. De acuerdo con la providencia, “los autores materiales afirmaron que esta persona se había metido mucho con el Ejército”.

En su momento, a través de la ley 600 de 2000, la Fiscalía catalogó al Piloto y su hermano Jaime Alberto Angulo como los responsables del delito de homicidio, sin embargo, un juzgado de Medellín en etapa de juicio los absolvió, porque no encontró pruebas suficientes en su contra.

La decisión fue apelada por la Fiscalía y, finalmente, el Tribunal Superior de Medellín terminó condenándolos, no solo a los hermanos Ángulo, sino también a Carlos Castaño, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

La revisión internacional

Si bien el caso no prometía surtir más efectos, teniendo en cuenta que se había logrado una condena, en enero de 2008, el proceso se volvió a mover por una acción de revisión que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, con el fundamento que habían pronunciamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres de La Granja, El Aro y el caso de Valle.

La acción de revisión se registró, además, porque querían vislumbrar las acciones que pudo tener Diego Murillo y Salvatore Mancuso, exparamilitares extraditados, con los hechos mencionados. Con base en la acción legal, el juzgado tercero volvió a emitir sentido de fallo condenatorio contra los hermanos Ángulo por 30 años de prisión.

De lo que pudo vislumbrar la revisión del proceso es que, definitivamente, la muerte de Valle se habría registrado por las denuncias que hizo en su momento por las masacres en El Aro y La Granja, por parte de los grupos paramilitares en conjunto con la Gobernación de Antioquia, la Policía y el Ejército.

“Visperas de ese hecho se había agudizado el enfrentamiento del abogado con estas personas y autoridades que lo declararon objetivo militar, es indiscutible la ahora correlación que existe entre el grupo paramilitar y quienes ejercían las funciones de Fuerzas Armadas y de Policía en el municipio de Ituango, como en la Gobernación de Antioquia y las masacres realizadas en esa localidad”, reposa en la providencia.

Valle expuso tales actuaciones irregulares ante los medios de comunicación y en más de una ocasión dejó al descubierto las amenazas en su contra, sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso.

El abogado había denunciado la presencia de los grupos paramilitares en la región. “Obvio que las denuncias realizadas por Valle en nada le convenían a los miembros de los paramilitares, como tampoco a la Gobernación, la Policía, el Ejército, por lo que la orden de Castaño era darle muerte al abogado”.

Respecto de las pruebas que se tienen en el proceso, las autoridades judiciales contaron con testimonios como el de Gustavo Marulanda, Carlos Jaramillo, Francisco Villalba, Marco Torreglosa, así como una declaración de Ómar Tobón, quien afirma que la orden de asesinar a Valle provino de Carlos Castaño y de los hermanos Ángulo Osorio.

La orden de Castaño, según la providencia, se produjo en una reunión sostenida en el sector denominado como Las Cruces, de San José de la Montaña, en la que participaron Fidel Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, esto debido a que desde 1996 Valle había denunciado la presencia de los grupos paramilitares, quienes para la fecha habían cometido más de cinco asesinatos, y para cuando denunció por segunda vez, la cifra iba en 100, luego de la masacre en El Aro.

Valle, previo a su muerte, había denunciado también la masacre en La Granja, en la que más de 150 personas fueron sacadas de sus casas torturadas y desaparecidas en complicidad de los grupos paramilitares y miembros del Ejército Nacional, de ahí que su muerte haya obedecido a que “se estaba metiendo mucho con los del Ejército”.

Sumado a eso, reseñó que el proceder en El Aro fue similar, donde murieron 14 campesinos y el caserío fue incendiado totalmente, y lo único que se vio fue un helicóptero verde sacando a las personas heridas.

Tras conocer de estos sucesos, Valle insistió en que la Brigada Cuarta debía dar explicaciones de por qué estaban junto con los paramilitares cuando ocurrieron dichas masacres, y eso mismo ha soportado el expediente judicial que reposa no solo en los despachos judiciales en Colombia sino también en los entes internacionales.

Uribe en la sentencia

En más de una ocasión han solicitado que se investigue si los paramilitares recibían apoyo por acción o por omisión de la Fuerza Pública, y con estos argumentos fue entonces cuando empezaron a ratificarse las denuncias en contra del comandante de la Cuarta Brigada y del Gobernador de Antioquia de ese momento, Álvaro Uribe Vélez.

Si bien, en el más reciente trino, el ahora senador ha mencionado que para cuando se registró el asesinato de Valle él se encontraba fuera de la gobernación, lo que se le ha reprochado a las decisiones judiciales es que las masacres ocurrieron en el marco de su mandato como gobernador, que fue desde el primero de enero de 1995 hasta el 1 de enero de 1998.

En la providencia reposa también una declaración jurada hecha bajo reserva de identidad en la que exponen que la finca La Carolina, propiedad del senador, había servido para que se alojaran personas de dudosa reputación.

“Comenta que la finca la Carolina es de Álvaro Uribe Vélez, allí permanecieron los primos que son paracos, dice que todos ellos son muy amigos, a más que tienen que ir a la hacienda la Guacharaca a pagarle a los paramilitares, dice que le consta todo, quien manda en este momento es Maicol”, dice la providencia.

El documento explica que Maicol es uno de los que participó en el homicidio de Valle, junto con los hermanos Ángulo, quienes se habrían reunido con un capitán del Batallón Rifles de Montelíbano para acordar detalles de la muerte del abogado.

Cabe mencionar que el nombre de Valle resultó en la “lista de eliminables” emitida por Carlos Castaño y con la que buscaban persuadirlo, con el fin de que no insistiera en las denuncias hechas en contra de los grupos ilegales y del Ejército.

“Además fue muy relevante para los demandantes la afirmación del Gobernador de Antioquia de esa época Álvaro Uribe Vélez, que manifestó del líder de derechos humanos que era un enemigo de la institución militar. Recaba en las palabras que dijeron los autores materiales en el sentido que era una persona incómoda para ellos y para el Ejército”, reza en el documento.

Así las cosas, en la sentencia de la Corte Interamericana emitida sobre el caso de Valle reposa que la actuación del Estado fue omisiva. “Fueron cuatro líderes de derechos humanos que fueron asesinados en Antioquia. Insiste que en varias oportunidades el mencionado dirigente fue a hablar con el entonces dr. Álvaro Uribe Vélez en orden de pedir protección para los moradores de Ituango, pero no existió una respuesta adecuada, incluso los mismos policías de la región dijeron que no tenían conocimiento de la presencia de grupos paramilitares”.

Según en el documento, hubo una carta enviada a Uribe insistiendo medidas de protección, sin embargo, este lo “único que hizo fue suspender a los inspectores de policía que eran las únicas autoridades que podían brindar algo de protección en la región rural de Antioquia”.

El aro y la granja

Si bien estas masacres se dieron en el marco del conflicto armado que padeció la región antioqueña, son traídas a colación, precisamente, porque Valle denunció en más de una ocasión las constantes amenazas que se sostenían en dichas regiones producto de los movimientos ilegales de los paramilitares.

"Hay un oficio del doctor Jesús María Valle, el cual es dirigido al doctor Édgar López, procurador departamental, el 4 de noviembre de 1997, donde le informa que hace más de un año viene solicitándole al doctor Álvaro Uribe, Gobernador de Antioquia, a Pedro Juan Romero, que es su secretario de Gobierno y al comandante de la de Cuarta Brigada de esa época, para que brinde protección para la comunidad de Ituango, por la presencia de las Autodefensas, quienes permanecen en el perímetro urbano y han cometido numerosos asesinatos", reza la providencia.

Lo que dice la providencia es que ocho días antes del oficio fueron asesinadas 17 personas en el Aro, fueron desplazados. Lo que narraron es que llegaron paramilitares y anunciaron que debían salir de la región, asesinaron a varias personas, les quitaron el ganado, y salieron de sus campos con lo que llevaban puesto.

En la providencia sacan a colación un artículo de prensa en el cual Carlos Castaño no niega la masacre cometida en el Aro, pero anunciaba que no cometieron actos de crueldad, misma situación ocurrió con la Granja.

Lo que en este caso reprochan las providencias nacionales e internacionales, es que el ahora senador Uribe tuvo conocimiento de los llamados de auxilio que hicieron desde esos lugares, pero hizo caso omiso a los mismos.

"Existen elementos de juicio conforme de lo expresado en esta decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Dr. Álvaro Uribe Vélez, del comandante de la Cuarta Brigada de la época el general Carlos Ospina, del comandante del Batallón de Girardot, coronel Germán Morantes, del mayor Emiro Barrios, de la oficial Aurora Bonilla (...) esta Sala compulsará copias a la Fiscalía General para que obre investigaciones por las masacres de el Aro y la Granja".  

Frente al homicidio de Valle, lo que dice la providencia es que fueron los funcionarios de la Gobernación, quienes influyeron en la decisión de Carlos Castaño de dar la orden de muerte, con el fin de evitar que se conociera la alianza que había entre los paramilitares y el Ejército.