Un informe de la la Fundación Ideas para la Paz y CODHES, entregado a la Comisión de la Verdad, muestra el impacto de más de 30 años de atentados a la infraestructura petrolera en Colombia y a las comunidades que viven en el entorno de los oleoductos.

El estudio, titulado “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”, recoge 3.659 acciones armadas contra la infraestructura que generaron 4.455 afectaciones no solo a la infraestructura y bienes de la industria, sino también al medio ambiente y a la población civil.

Dentro de las acciones están incluidos ataques con explosivos, armas de fuego y quemas de activos. En el informe se identifican los responsables, modalidades de los ataques y sus consecuencias.

El informe fue entregado, en un foro público, al Presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, con el fin de aportar contenidos sobre las actividades de hidrocarburos en el país durante el conflicto.

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“Nuestro informe no tiene precedentes en el país y en la Comisión. Es el primero de su tipo recibido por la Comisión y esperamos que nutra su labor explicativa sobre las dinámicas económicas y el conflicto armado. No tiene la pretensión de decirlo todo y estudiar cada una de las afectaciones al sector. Lo que busca es propiciar una conversación necesaria entre la Comisión y el sector empresarial, clave para entender lo que nos pasó y evitar que siga pasando”, afirmó María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP.

El documento de la FIP también revela que durante los años 2000, 2001 y 2013 se llevaron a cabo el mayor número de acciones armadas contra infraestructuras petroleras; casi el 26% del total de atentados ocurridos entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016, año en que se cierra el periodo de análisis de la Comisión de la Verdad.

En cuanto a las zonas donde se presentaron el mayor número de atentados, el estudio señala que el 76,8% de ellos se concentraron en cinco departamentos: Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander.

Las áreas de influencia de los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Trasandino, fueron las más afectadas por los ataques.

“Las cifras no dan cuenta de la tragedia humana que se desprende de los ataques. No sólo por el subregistro de personas afectadas, sino porque no revelan las rupturas en el tejido y las dinámicas sociales”, agregó Llorente.

Otro de los hallazgos del informe es que establece que el ELN era el único grupo que utilizaba estas acciones como parte de su estrategia criminal. También lo hacían las FARC para ejercer control en sus territorios de influencia.