Cada día que pasa son más las denuncias que se hacen en todo el país sobre la rapaz apropiación y el aprovechamiento ilícito de los recursos públicos usando ahora como el gran pretexto la lucha contra el coronavirus y sus letales consecuencias. 

Los organismos de control han informado ampliamente sobre las múltiples investigaciones que se han emprendido y se adelantan contra funcionarios del gobierno de todos los niveles, así como contra particulares, fundaciones, oenegés, cooperativas, algunas universidades regionales, y hasta encopetados empresarios del sector privado.

Sobrecostos escandalosos para compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, empresas de papel, certificados chimbos, equipos e instrumentales de segunda o defectuosos, medicamentos adulterados y falsedades, entre otras acciones fraudulentas y criminales, hacen parte de este entramado de corrupción que podría estar causando más daños al país y a las comunidades que la propia pandemia.

Es como una pandemia paralela la que ha surgido en el país: la de la corrupción y el engaño.

En las últimas horas, la Contraloría General de la República prendió de nuevo las alarmas al lanzar una alerta general sobre 78 proyectos financiados con los recursos de las regalías, cuyo costo sobrepasa los 321 mil millones de pesos. Se trata de proyectos de laboratorios cuyo propósito es fortalecer las capacidades de ciencia y tecnología para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo, según la alerta hecha por la Contraloría.

Esta entidad de control ha señalado también su preocupación por que tales proyectos  tienen periodos de ejecución de entre ocho y doce meses, lo que significa que no atenderán el momento más crítico de la pandemia, que es, precisamente, el que estamos comenzado a afrontar.

Para los funcionarios de la Contraloría es evidente que los recursos de las regalías que deben llegar a los departamentos y municipios del país para obras de inversión social se han comenzado a tomar o desviar para proyectos como estos de los laboratorios durante la pandemia de la COVID-19. En algunas regiones se reclama comprometer esos recursos con la figura de las “vigencias futuras”, sin tener en cuenta los actuales precios del petróleo y del carbón y su tendencia a la baja por diferentes razones coyunturales, como señalan los expertos.

En los últimos tres meses, la Contraloría ha evaluado contratos por 22,5 billones de pesos, de ellos 5 billones de pesos tienen que ver con la pandemia.

La entidad ha emitido 396 alertas por contratos irregulares. En el mes de junio y en lo que va corrido de julio ha lanzado alertas sobre presuntos sobrecostos por casi un billón de pesos.

Es preciso agilizar las investigaciones, ampliar y profundizar  las pesquisas, y llegar hasta los funcionarios y contratistas responsables de todo este tejemaneje de corrupción para ponerlos a buen recaudo de las autoridades competentes.