Pasajeros que se suben sin tapabocas a las busetas. Amas de casa que van a hacer mercado y en la plaza se encuentran a los expendedores de alimentos sin cumplir ningún protocolo sanitario. Habitantes de los barrios de estrato uno y dos andando por las calles como si nada estuviera ocurriendo.

Fiestas ilegales en lujosos edificios y exclusivas urbanizaciones. Bebedores de  trago convirtiendo los parques en ‘cantinas al aire libre’ en barrios estrato tres y cuatro. Paseos clandestinos. Reuniones de cumpleaños y rumba sin control, es el ambiente de irresponsabilidad que caracteriza a la pandémica Cúcuta.

Como estaremos de mal, que si este comportamiento anticívico e inhumano perdura, no solo el hospital de la ciudad y las clínicas colapsarán, sino que hasta nos acecha la posibilidad del desbordamiento de la capacidad para la sepultura de muertos, porque ya hay la advertencia de que el Cementerio Central, a sus 135 años, se está quedando sin tumbas.

Pero el gobierno local y los gremios van a tener que hacer un alto y desacelerar la velocidad de la reapertura de las actividades económicas, estructurando, por ejemplo, un plan local de ‘renta básica’ que garantice realmente el confinamiento en ciudadelas como La Libertad y Atalaya, al igual que entrar a auxiliar, ahora sí, el pago de los servicios públicos, para lo cual la administración municipal perfectamente puede concertar con Aguas Kpital, Centrales Eléctricas y Gases del Oriente.

Ese recurso extraordinario que invertirán las familias en la compra de alimentos, útiles de aseo y otros elementos básicos, recirculará en la ciudad, mientras que la administración municipal, entendiendo que ya el coronavirus se desbocó, acuda ante el Gobierno Nacional para que ahora sí atienda como es debido a la frontera y apoye con recursos constantes y sonantes a todos los sectores económicos y a los pobladores de la zona.

Las frías estadísticas se han calentado para notificar que tres casos cada dos o tres días, saltamos a 118 contagiados entre el pasado viernes y sábado en Norte de Santander, lo que a todas luces deja entrever que reabrir restaurantes y templos o reanudar los vuelos comerciales, tocará dejarlo para otro día puesto que la Constitución Política en el artículo 11 es contundente al señalar que “el derecho a la vida es inviolable”.

Garantizarles ese derecho no implica una acción asistencialista o de malacostumbrar a los ciudadanos a tenerlo todo gratis, porque precisamente con ese discurso es que desde las altas esferas del Estado y de la institucionalidad se les da la espalda a regiones como la nuestra, que ahora más que nunca requiere del urgente apoyo, pues el hambre y las necesidades agobian en medio de la emergencia.

Por tal motivo, hay que llegar a reconocer por parte de las autoridades seccionales que el cuadro pandémico muestra trazas de que en la batalla estamos llevando las de perder y que en ese caso es urgente admitir que debemos prepararnos para otra cuarentena focalizada que, para lograr su efectividad, tenga el ineludible e  inexcusable apoyo del gobierno central.

Y un segundo elemento que debe  imperar de la mano con lo anterior –como complemento– es la radicalización de las multas y castigos para los que siguen sin querer entender que  ese juego de la ruleta rusa al no usar el tapabocas y violentar el distanciamiento físico y no lavarse las manos, es una grave agresión contra la comunidad. El coronavirus no es un juego y eso lo deben entender todos los miembros de la sociedad.