La pandemia del nuevo coronavirus por sus desbordados efectos letales también comienza a utilizarse como pretexto de justificación de todas las desgracias que le están ocurriendo a la humanidad.

Los mecanismos de las Naciones Unidas contra la tortura, por ejemplo, están advirtiendo que la expansión incontrolable de COVID-19 está conduciendo a un aumento de casos y malos tratos en todo el mundo, especialmente en personas privadas de la libertad, que ahora viven y sufren una nueva amenaza.

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la ONU ha sido enfática en manifestar que la población privada de la libertad, que se encuentra expuesta al riesgo de sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, había contabilizado 78.000 contagios de COVID-19.

Los expertos alertaron sobre las condiciones médicas desfavorables preexistentes de personas detenidas, lo que ha contribuido a una rápida propagación, con consecuencias potencialmente mortales.

“Los gobiernos tienen hoy más que nunca el deber de garantizar la seguridad de todas las personas privadas de la libertad. Dichas personas deben disfrutar de los mismos estándares de atención médica disponible en la comunidad, incluyendo el acceso a pruebas para la detección del virus y tratamiento”, señaló en una declaración el presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modvig.

Y agregó en forma categórica lo siguiente: “Todas las personas privadas de la libertad deberían ser examinadas en privado por personal médico independiente en el momento de admisión al lugar de detención o confinamiento, con el fin de ser examinadas para detectar enfermedades contagiosas e indicaciones de posibles malos tratos”.

Las medidas de protección, incluidos los confinamientos y los toques de queda, no pueden justificar en ningún caso el uso excesivo de la fuerza y la coacción; todas las denuncias de tortura o malos tratos deben ser investigadas a fondo, señaló el relator de la ONU.

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia fallos institucionales y de procedimiento que están agravando el riesgo de tortura y malos tratos para innumerables niños, mujeres y hombres de todas las regiones de todo el mundo. También han advertido que la pandemia no debe utilizarse para evitar el cumplimiento de la obligación universalmente reconocida de los gobiernos de erradicar todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En Colombia se vive un drama de dantescas proporciones en las cárceles y centros de reclusión que en forma frecuente registran los medios. Es también cada vez más preocupante la situación de riesgo de los líderes sociales y de los excombatientes de las Farc que depusieron las armas y se reintegraron a la sociedad. El más reciente informe del Instituto Kroc, que hace el análisis cuantitativo y cualitativo a las 578 disposiciones que contiene el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, resalta que lo que más preocupa de este proceso es la seguridad. La tragedia del asesinato de líderes sociales aumenta sin que el Estado logre medidas efectivas para proteger sus vidas y territorios. Ya son 442 personas que ejercían liderazgo y defendían los derechos humanos que han sido víctimas de homicidio en Colombia desde la firma del acuerdo.

Garantizar la seguridad continua siendo la mayor amenaza a su implementación. El tema de la impunidad y de las dificultades del sistema judicial para la investigación y esclarecimiento de tantos crímenes, es harina de otro costal. También, en esta época de pandemia se ha agudizado en forma alarmante.

Las organizaciones de derechos humanos y las entidades que trabajan en todo el mundo por su defensa y protección tienen que seguir en estado de máxima alerta, sin bajar la guardia, pues no pueden permitirse ni tolerarse abusos y malos tratos so pretexto de combatir o contener la pandemia.