El representante a la Cámara Jairo Cristo Correa, quien hizo parte del grupo de legisladores que presentó un proyecto de ley de vivienda rural, destacó que sea el Ministerio de Vivienda el que haya asumido esa misión encomendada dentro del Plan Nacional de Desarrollo .

Al indicar que es muy importante que el Gobierno haya entendido el enfoque territorial, insistió en la priorización de esos programas en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado, como ya lo tiene previsto el ministro Jonathan Malagón.

Por eso es que en Norte de Santander avanza un proceso articulado con los alcaldes de los municipios  incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son los que integran el Catatumbo.

 Ahí se encuentran Tibú, Teorama, San Calixto, Convención, El Tarra, Hacarí, Sardinata y El Carmen, que ya han hecho contacto con el Ministerio y la Gobernación para la consolidación de los proyectos de vivienda nueva o mejoramiento.

El representante insistió en la importancia de darles prioridad a los municipios PDET en ese campo, pues afirmó que “solo se logra la estabilización de los territorios a través de su transformación que contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de personas afectadas por la violencia, por la presencia de cultivos ilícitos, la pobreza y el abandono por parte del Estado”.

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Y añadió que “en una búsqueda por restituir sus derechos y mejorar sus condiciones socioeconómicas, considero fundamental que se direccionen recursos del Gobierno Nacional para la construcción de vivienda rural”.

Los pilares

En el pasado, los planes relacionados con proyectos habitacionales para los campesinos colombianos estaban en manos del Ministerio de Agricultura, sin que se lograra conjurar el déficit.

En Colombia, las estadísticas señalan que hay 1,6 millones de hogares que en la actualidad no tienen condiciones de habitabilidad en la ruralidad.

Para departamentos como Norte de Santander, de acuerdo con los lineamientos de la unidad especial del Ministerio de Vivienda, la política en ese renglón es inclusiva, participativa y construida desde los territorios.

La idea es que desde las zonas se detallen los tipos de vivienda que los campesinos requieren, teniendo en cuenta los aspectos culturales y las particularidades geográficas de cada lugar, según lo expuesto por la directora de Vivienda Rural, Saira Samur.

Ella resaltó que en la construcción de la política pública en ese ramo, es fundamental el diálogo social, al igual que optimizar el modelo operativo eficiente y sin una larga cadena de intermediarios.

Con esto se busca romper el cuello de botella que “mantuvo frenada la vivienda rural”, como fueron los problemas para una rápida entrega de las viviendas, de acuerdo con la funcionaria, “en menos de un año” y los mejoramientos “en menos de seis meses”.

El cuarto pilar expuesto corresponde a la regionalización de los proyectos habitacionales rurales, que es en lo que ya se empezaron a dar pasos en las zonas PDET del departamento.

La financiación

 En este aspecto, el congresista Cristo Correa habló de la necesidad de hacer una especie de bolsa, en la que los municipios beneficiados del Catatumbo no tengan que hacer sacrificios financieros.

La idea expuesta contempla que las iniciativas de vivienda rural para los PDET tengan componentes de recursos provenientes del OCAD-Paz, de las regalías departamentales y una porción restante del Gobierno Nacional.

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“Que sea desde esas fuentes y así efectuar el cierre financiero para poder construir las viviendas rurales en el departamento”, precisó el dirigente.

Resaltó la trascendencia de que el Gobierno asigne las partidas necesarias que pueden consistir en la asignación de subsidios de vivienda   campesinas, bien sea para planes habitacionales o destinados a las mejoras, que mezclados con los recursos de los OCAD y regalías “llegarían como la mejor estrategia social a zonas golpeadas por la violencia y la pobreza”.

Por ello y coincidiendo con lo planteado por la funcionaria del Ministerio, señaló que es importante que,  “los alcaldes de los municipios PDET empiecen a construir su política pública de vivienda rural dentro de los Planes de Desarrollo, con los  ajustes respectivos, y se vuelva realidad lo más pronto”.

Jairo Cristo recordó que junto con un diverso grupo de parlamentarios, “hemos insistido en la urgencia de  cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, entendiendo las particularidades del territorio y sus comunidades, para la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de las existentes, creando así condiciones de bienestar para la población rural”.

Convocó, inicialmente, a las comunidades PDET para que “hagan suya este posibilidad real de contar con una vivienda digna mediante la participación activa de las comunidades con el propósito de reivindicar su valor protagónico en la definición de su propio desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida”.