Tras reconocer que en Colombia las acciones frente a la corrupción se dan siempre después de que ya se ha cometido el acto, el Gobierno Nacional decidió darle impulso a un proyecto de ley con el cual busca promover la cultura de la transparencia y la legalidad, incluso, desde las aulas de clase.

La iniciativa, que comenzó este lunes su trámite en el Congreso de la República, tiene como lema “prevenir la corrupción es mejor que curarla” y está enfocada en incentivar el control ciudadano sobre los recursos y bienes públicos, establecer un sistema de intercambio de información para prevenir riesgos de corrupción y promover estrategias de fomento de la transparencia y la integridad, desde la educación básica y media.

La Ley Pedro Pascasio Martínez, como se denominada el proyecto, en honor a un soldado de 12 años que participó en la Campaña Libertadora y quien al descubrir al oficial realista José María Barreiro rechazó su soborno y lo delató, pretende lograr un mayor empoderamiento de los ciudadanos frente a lo que es de todos, así como su protección, con el fin de que no tema denunciar y poner en alerta posibles hechos de corrupción.

“En 2019, la encuesta del Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, reveló que el 78% de los colombianos teme denunciar por represalias. Por eso, el proyecto de ley establece el anonimato en la denuncia, con protección de la identidad y prohíbe las retaliaciones”, explicó la Vicepresidencia de la República.

Señaló que el propósito es también definir un sistema de recolección e intercambio de información abierta y pública, relacionada con la ejecución de los recursos públicos y posibles riesgos de corrupción para, de esta forma, no solo tener insumos para el análisis, sino generar alertas frente a eventuales hechos que puedan terminar en casos de corrupción.

Este sistema sería administrado por la Presidencia de la República y a él podría tener acceso la ciudadanía de manera libre.

Prevenir desde el aula de clase

El proyecto que ayer empezó a ser discutido en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes establece que la promoción de la cultura de la legalidad debe comenzar desde el aula de clase.

En ese sentido, la norma contempla que a partir de primero de primaria hasta undécimo grado de bachillerato se impulsarán estrategias fundamentadas en valores,  para promover la importancia de las veedurías ciudadanas y la lucha contra la corrupción.

Sistema de mitigación en las regiones

De igual forma, la Ley Pedro Pascasio Martínez sugiere la creación en los municipios y departamentos de un sistema de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, y dispone las herramientas necesarias para identificar a los ‘beneficiarios finales’ de los hechos ilegales.

“En oportunidades, las empresas o personas jurídicas sirven a las cadenas de corrupción, haciendo difuso el seguimiento de los recursos y sindicados. En la ley se establece un registro de ‘beneficiarios finales’ en donde se conocerá quién ejecutó el delito y para dónde se fueron los dinero públicos”, explicó el Gobierno.

En este mismo sentido, el proyecto plantea fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Moralización y de esta forma priorizar investigaciones o procesos.

En septiembre del año pasado, el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe, elaborado por Transparencia Internacional, señaló que un 52% de colombianos encuestados consideraba que durante los últimos 12 meses la corrupción aumentó en el país.

En la medición de 2019, Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 en cuanto a percepción de corrupción, ocupando el puesto 96 entre 180 países evaluados.

A los consultados se les preguntó también si en los últimos cinco años les habían ofrecido sobornos o favores especiales a cambio del voto y un 40% manifestó que sí. Entre tanto, un 20% reconoció haber pagado algún soborno por los servicios públicos en los últimos 12 meses.

Un dato que se destaca, es que el 78% admitió que las personas pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.