Por considerar que en el país existen dificultades de conectividad en las zonas rurales, la Procuraduría pidió que la audiencia en donde se abordará el tema de la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea con glifosato, no sé realice de manera virtual.

La solicitud se la hizo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Policía Antinarcóticos, quienes son los responsables de discutir la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (PECIG).

A juicio del órgano de control, adelantar la diligencia de manera virtual no permite garantizar las condiciones mínimas para que las comunidades étnicas, urbanas y campesinas ejerzan su derecho a la participación en esa audiencia, programada para el próximo 27 de mayo.

Para el ente de control, las medidas que se adopten deben ser pertinentes y adecuadas, bajo criterios de transparencia activa y amplio debate, teniendo en cuenta el margen de comunidades y autoridades que podrían ser impactadas con la modificación de los procedimientos del PECIG.

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El Ministerio Público sostuvo que teniendo en cuenta la emergencia que afronta el país como consecuencia del covid-19, es necesario que antes de la realización de audiencias públicas no presenciales o virtuales, cada caso sea valorado sin premuras de tiempo y con el detenimiento, atendiendo los contextos propios y las complejidades de cada asunto.

“Es fundamental establecer relaciones de confianza y diálogo con las comunidades, así como presentar en detalle la forma y los procesos que se van a implementar siguiendo los más altos estándares constitucionales antes de avanzar en cada proceso en particular”, precisó el Ministerio Público.

En una comunicación, el órgano de control le preguntó a las dos instituciones de qué forma van a garantizar una adecuada convocatoria, la participación ambiental efectiva, la disposición de los estudios ambientales para la consulta de los participantes e interesados y el libre acceso, oportunidad y claridad de la información en la audiencia.

El Ministerio Público expresó su preocupación por el actual estado de confinamiento en que se encuentran las comunidades que podrían verse afectadas por la reanudación del PECIG, pues no podrían desplazarse a sitios donde exista conectividad, hecho que hace más compleja la realización de la audiencia virtual.

A juicio de la Procuraduría, las fuerzas militares y la Policía Nacional deberán establecer un plan de seguridad especial para proteger a los líderes sociales y ambientales, así como a la población rural que ocupa los territorios donde se encuentran los cultivos ilícitos, con continuidad aun después de la celebración de la audiencia.