Una de las peores crisis económicas de todos los tiempos viven los comerciantes de los municipios que integran la provincia de Ocaña.

En febrero fueron confinados ante el anunciado paro armado impulsado por la guerrilla y cuando apenas se reponían sobrevino la cuarentena por el coronavirus.

La mayoría de locales han sido cerrados, mientras que los miembros del sector siguen esperando la ayuda del gobierno nacional para mitigar la emergencia.

La crisis ya tocó fondo y los afectados claman un salvavidas porque las restricciones impiden cumplir con las obligaciones laborales, surtir los negocios, pagar servicios y arriendos.

Los propietarios de establecimientos comerciales levantan la voz de protesta ya que se sienten abandonados por parte del Estado. Al contrario, son castigados severamente por buscar alternativas en medio de la cuarentena.

El Inspector Primero de Policía de Ocaña, William Mota Celis, recomienda “llegar a un acuerdo común ya que la ley establece congelar los intereses los arrendamientos para garantizar el pago una vez superada la crisis. La idea es conciliar porque tampoco se pueden hacer desalojos”.

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Sergio Yaruro, comerciante, dijo que han adoptado el sistema de domicilios, pero el ingreso no es igual. “Radicamos una carta a la inmobiliaria para una disminución en el pago de los arriendos, lo que menos queremos es llegar a cerrar, en estos momentos no hemos recibido ninguna ayuda económica para el emprendimiento, señaló.

Por su parte, Lucenith Rincón indica que no tiene otra alternativa que desocupar el local comercial. “No tengo plata para pagar el arriendo, nos están  exigiendo dos o tres cuotas y no puedo endeudarme. Son 18 años de trabajo en la piñatería, nosotros también tenemos una familia qué alimentar y los dueños no expresan la solidaridad”, recalca.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rubén Darío Álvarez Arévalo reiteró el llamado a que las partes propicien acuerdos directos para solucionar las posibles diferencias que se presenten con ocasión de esta emergencia en la ejecución de dichos contratos y pone a disposición de los interesados de manera gratuita, los servicios del Centro de Conciliación de la entidad, al cual se podrá acudir virtualmente a través del correo.

Además, recomienda a la administración municipal alivios tributarios y un plan de choque para evitar la debacle total.