Mientras que algunos sectores insisten en el riesgo y la vulnerabilidad a la que están expuestos los habitantes de las zonas más pobres y afectadas por el conflicto, para enfrentar las consecuencias del coronavirus, el Gobierno Nacional asegura que se están reforzando todas las medidas de prevención y atención en estas comunidades.

Durante una rueda de prensa liderada por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, este aseguró que por instrucción directa del presidente Iván Duque, se está agilizando la entrega de ayuda humanitaria, como mercados y algunos elementos de bioseguridad, en las zonas donde hacen presencia excombatientes de las Farc, campesinos vinculados a los programas de sustitución de cultivos y en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“Para apoyar a los  excombatientes en su proceso de legalización hicimos lo que se necesitaba para que  la totalidad de ellos, los 13.000 que están en proceso de reincorporación, sigan recibiendo la asistencia económica que el gobierno del presidente Iván Duque les garantizó por todo el tiempo que estén en su proceso de reincorporación.  Ayer mismo se iniciaron los desembolsos”, aseguró Archila.

Dijo que en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se han entregado 6.490 kits de elementos personales de prevención, con el acompañamiento de los administradores de estos lugares.

El consejero señaló que, adicionalmente, mediante un decreto el presidente adoptó una medida especial y es la entrega de un apoyo económico excepcional de $160.000, para la población desmovilizada activa en el proceso de reintegración, que no recibe ayudas económicas.

Pago a familias cultivadoras de coca

De acuerdo con Emilio Archila, otra de las medidas que se ha mantenido a pesar de la crisis que afronta el país por la COVID-19, es el cronograma de pagos y entrega de insumos a los campesinos que están vinculados al Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“Actualmente, en 56 municipios  hay 99 mil familias inscritas al PNIS, de las cuales  el 89% ha recibido o está recibiendo pagos de asistencia alimentaria inmediata; 61.183 familias reciben asistencia técnica integral y 59.940 cuentan con cultivos de pancoger para su seguridad alimentaria. Las capacitaciones presenciales a agricultores se suspendieron y se coordinó su continuación a través de la radio y la televisión comunitaria”, señaló el funcionario.

En Norte de Santander, particularmente, el representante del Gobierno aseguró que las entregas de las ayudas alimentarias inmediatas y apoyos a las familias ya superan los $1.000 millones.

“De asistencia alimentaria inmediata en el municipio de Tibú, hasta el momento, se han realizado pagos a 523 familias para un total de $1.046 millones, con corte al 13 de abril de 2020”, informó Archila.

El panorama es complejo: congresistas

Pese a que el Gobierno ha reiterado que las comunidades más vulnerables no están solas, ayer se llevó a cabo un debate de control político en la Cámara de Representantes en el que se puso en evidencia la difícil realidad que afrontan hoy los municipios PDET.

En la sesión, convocada por los representantes Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Harry González (Partido Liberal), estos presentaron un documento en el que señalaron que es necesario incorporar un enfoque diferencial en las medidas que se adopten para contener la pandemia del coronavirus en las zonas rurales más afectadas por el conflicto y la pobreza.

Los congresistas manifestaron, particularmente, la preocupación de las comunidades por las precarias condiciones del sistema de salud al que tienen acceso.

Al respecto, alertaron que el 95% de los municipios PDET (161 de los 170 priorizados), no tienen ni una sola cama de UCI disponible, en caso de una emergencia.

De la misma forma, la dirigente de la Alianza Verde cuestionó que a pesar de la cuarentena, el Gobierno Nacional intensificó las actividades de erradicación forzada en departamentos como Norte de Santander, aumentando la conflictividad social y el riesgo de contagio.

En este mismo sentido, dijo que desde el pasado 6 de marzo se han presentado cinco confinamientos y desplazamientos masivos en el país, uno de ellos en Norte de Santander con un saldo de 75 familias afectadas.

Ayer, durante todo el día, los funcionarios del Gobierno Nacional estuvieron respondiendo a las inquietudes planteadas en el debate.