En la Cárcel Modelo de Cúcuta cuenta con una capacidad para albergar a 2.578 internos, pero la calamitosa realidad señala que entre sus barrotes y celdas hay 4.350 presos, lo  cual equivale a un sobrecupo del 60 por ciento, aproximadamente.

Las fotos que se han filtrado desde el interior del penal muestran que los espacios para dormir, caminar, sentarse o descansar están saturados y que, literalmente hablando, allí viven prácticamente uno encima del otro.

Si esto en tiempos normales -estamos hablando de febrero de este año-era considerado una bomba de tiempo, como será ahora que el planeta está infestado por el coronavirus.  Pudiéramos decir, sin equivocarnos, que estamos frente a una catastrófica situación a punto de estallar.

Lógicamente que como ha ocurrido en todas las actividades humanas, se trató de una inesperada situación de emergencia sanitaria que nos tomó por sorpresa a todos y obligó a tomar planes urgentes para enfrentar las consecuencias.

Desde el pasado 23 de marzo se viene hablando de la posibilidad de expedir un decreto especial que tiene como propósito fundamental ayudar a descongestionar los recintos carcelarios colombianos, que también tienen niveles de hacinamiento que rayan en el 50 por ciento.

Se sabe desde ya que no es una cuestión muy fácil, y que las autoridades encargadas deben de  actuar con mesura y previa evaluación profunda para que como dicen popularmente, el remedio no vaya a salir peor que la enfermedad.

En algunos sectores han surgido advertencias que esa norma podría llevar a abrirles las rejas a peligrosos delincuentes para que con el ‘salvoconducto pandémico’ recobren la libertad y puedan volver a delinquir.

En medio de este debate, acaba de conocerse la propuesta de la Fiscalía, que le plantea al Gobierno Nacional establecer parámetros precisos sobre qué poblaciones deben salir de las cárceles: madres gestantes, personas enfermas y detenidos que pudieran haber cometido delitos con penas inferiores a cinco años de prisión.

Lo que debe llegarse es un término intermedio, pero que se defina de una vez por todas, porque una descongestión es indudablemente necesaria para que puedan aplicarse en el interior de los penales las medidas sanitarias requeridas y los planes de aislamiento social para contener la propagación de la COVID-19.

Pero como ya se han presentado casos positivos, sería entonces recomendable que a quienes posiblemente se seleccionen para una posible salida de los penales, incluyendo a los mayores de 60 años que son quienes mayor riesgo corren, pues se les apliquen pruebas diagnósticas rápidas, con el fin de prevenir que se desate un contagio en los barrios y sectores a donde ellos lleguen.

Tomar una decisión es lo importante para terminar la incertidumbre en la población carcelaria, los guardianes y personal del INPEC y entre los familiares de los reclusos, porque es muy diciente lo expuesto por el vocero del sindicato del Inpec dragoneante Johan Alarcón, de que muchos compañeros suyos estarían dispuestos a pedir la baja diciendo: ‘Yo prefiero irme vivo del Inpec y no muerto’.

Mientras llega la hora, los cálculos estiman entre 4.000 y 15.000 los presos que podrían a prisión domiciliaria para descongestionar los establecimientos de reclusión del orden nacional, y poder mitigar la posibilidad de contagio con la COVID-19 de las personas privadas de la libertad.