Los municipios más afectados por el conflicto en Norte de Santander sintieron hace unos días un respiro por cuenta del cese de las acciones armadas de grupos como el Eln, que decretó un alto el fuego entre el primero y el 30 de abril.

Esta decisión generó una especie de alivio en la zona del Catatumbo, pues al no existir la amenaza de los hechos violentos, sería mucho más fácil que la ayuda del Estado pudiera llegar pronto a los municipios más vulnerables, para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, con el pasar de los días la preocupación en algunos municipios aumenta, pues mientras la COVID-19 sigue propagándose de forma acelerada, las ayudas para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio no están llegando como se esperaba.

Así lo asegura Corina Durán,  alcaldesa de Tibú, uno de los municipios priorizados por el Gobierno para la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), quien manifestó que el apoyo brindado a las comunidades hasta el momento se ha centrado en lo que ha podido suministrar la administración municipal.

“Actualmente hemos estado entregando 4.500 mercados, con recursos de la administración. Para ello se han unido empresarios y sectores productivos de la zona. Estamos preparando una estrategia para poder llegar a cada rincón del municipio, pero no es suficiente”, señaló la mandataria local.

Durán dijo que junto con la Asociación de Juntas Comunales de Tibú le están haciendo un llamado al Gobierno Nacional, para que las ayudas humanitarias que se han anunciado aterricen lo más pronto posible en el territorio.

“Estamos enfrentando una crisis humanitaria y tememos no dar abasto. Este es un SOS por el Catatumbo. Este mensaje va también dirigido a los senadores y representantes que han sido elegidos por el pueblo, para que no nos olviden. Tibú en este momento los necesita”, insistió la alcaldesa.

Recordó que a raíz de las medidas tomadas para ponerle freno a la pandemia, son muchas las necesidades económicas y sociales que se acrecientan y en ese sentido es urgente garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades.

Pedido desde el Congreso

A propósito del clamor que se está haciendo desde el Catatumbo, un grupo de representantes a la Cámara le envió un oficio al presidente de la República, Iván Duque, en el que le manifiestan la necesidad de incorporar un enfoque diferencial en las medidas que se están adoptando para contener el coronavirus en los territorios más afectados por el conflicto armado y la pobreza.

En el documento, los dirigentes políticos de diferentes partidos hacen una pequeña radiografía de las condiciones en que se encuentran hoy las 16 subregiones PDET para hacerle frente a la propagación del virus y  entregan unas recomendaciones, a partir de las peticiones de los mismos líderes de estas zonas, entre las cuales se incluye Norte de Santander.

En la solicitud se advierte, por ejemplo, que mientras a nivel nacional la disponibilidad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de 11 camas por cada 100.000 habitantes, en los municipios PDET, apenas hay 5,5. Y señalan que si en este caso se excluye a Santa Marta y Valledupar, la disponibilidad en las regiones más vulnerables es de apenas 1,5 camas por UCI.

“En relación con la disponibilidad de las IPS, a nivel nacional hay una IPS por cada 4.694 habitantes, mientras que en los municipios PDET hay una por cada 6.322. A nivel nacional hay 8.391 habitantes por cada servicio de complejidad alta, mientras que en municipios PDET hay 25.824 habitantes por cada servicio de complejidad alta (71.276 si se excluyen Santa Marta y Valledupar”, señalan los congresistas, haciendo alusión a cifras  reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los representantes le manifiestan al presidente que durante un encuentro con 22 líderes comunitarios de las subregiones donde se han puesto en marcha los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, una de las preocupaciones más sentidas hoy, es la precariedad de los sistemas de salud, ante los problemas de infraestructura de las ESE o IPS, la falta de afiliación a los sistemas de salud, y la insuficiencia de personal e instrumentos médicos para enfrentar la pandemia.

El sábado, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo que se avanza en la consolidación de una estrategia conjunta para que en el área metropolitana de Cúcuta, el Catatumbo y las provincias de Ocaña y Pamplona  se pueda contar con un plan de expansión en materia de camas UCI y hospitalización, que permita garantizar la infraestructura hospitalaria necesaria para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Condiciones laborales, de conectividad y vivienda

En el oficio que le hicieron llegar al jefe de Estado, los representantes a la Cámara, entre quienes figuran el ocañero Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, se hace énfasis también en las cifras de informalidad, conectividad a internet y condiciones habitacionales, que hacen aún más compleja la cuarentena en los municipios azotados por el conflicto y con mayor presencia de economías ilegales.

“Por ejemplo, a nivel nacional, el porcentaje de hogares con privación del empleo formal es de 72,3%, mientras que en municipios PDET es de 89,3%. El porcentaje de personas suscritas a internet fijo es de 13,89% a nivel nacional, mientras que en municipios PDET es de 5,43%, y el porcentaje de hogares con privación por hacinamiento crítico es del 9,2% a nivel nacional y 14,6% en municipios PDET”, alertan los congresistas, a partir de datos oficiales.

La preocupación que manifiestan los líderes de las zonas donde se desarrollan estos planes especiales, radica en que el aislamiento traerá efectos negativos a la economía rural, en la medida que los campesinos no pueden ingresar a los municipios a distribuir sus productos y son muchos los que viven de lo que reciben a diario por el intercambio de mercancías y alimentos.

En esa medida, una de las peticiones es que se implementen desde el Gobierno Nacional, subsidios para facilitar la recolección y el transporte de productos agrícolas desde las zonas rurales a las cabeceras municipales, con el fin de evitar la pérdida de productos por la imposibilidad de transportarlos.

También se sugiere desde el Congreso que las entidades públicas contemplen la posibilidad de comprar a los productores locales, algunos de los insumos que hacen parte de los mercados que se están entregando a la población vulnerable.

A las comunidades de las zonas más apartadas también les inquieta el hecho de que mientras se siga prolongando la cuarentena, los niños y jóvenes se queden sin recibir clases, puesto que la conectividad para acceder a la asesoría virtual es precaria.

La propia secretaria de Educación del departamento, Laura Cáceres, en entrevista con La Opinión, el fin de semana, reconoció que le preocupa que la pandemia se prolongue, porque el número de estudiantes en el sector rural llega 59.311.

En ese sentido, en el documento enviado al presidente de la República se sugiere lo siguiente: “Garantizar un mínimo vital de conectividad y acceso a internet móvil, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes que están en esos municipios puedan continuar accediendo a servicios de educación de forma virtual, principalmente a través de WhatsApp”.

Otras solicitudes

-Autorizar el uso de los recursos de los OCAD Paz, para el mejoramiento de las condiciones de salud en los municipios PDET.

-Priorizar la garantía de fuentes de agua mejorada.

-Ampliar la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos en las 16 subregiones PDET.

-Subsidiar el pago de servicios públicos.

-Garantizar el pago de salarios  al personal médico de la red de salud pública.

-Garantizar que cualquier acción de erradicación forzada se haga en cumplimiento del acuerdo de paz.

-Asegurar el abastecimiento de bienes y alimentos en los ETCR.