El procurador Fernando Carrillo pidió a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARLs) reconocer la COVID-19 como enfermedad laboral para aquellas áreas que tienen que enfrentarse de manera directa con el virus.

"La pandemia ocasionada por la COVID -19, ha puesto en riesgo la fuerza laboral, estando particularmente expuestos los civiles, trabajadores administrativos, médicos asistenciales y de vigilancia, personal de alimentación y aseo del sector salud”, indicó el procurador.

Carrillo también incluyó en la lista de profesionales en riesgo por la pandemia a periodistas, comunicadores sociales y demás empleados de medios de comunicación, así como al personal que presta servicios domiciliarios, vigilantes y supervisores de empresas de seguridad privada. Agregó al personal de sistemas de transporte,  control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

El procurador, insistió en que también es importante incluir en las áreas de riesgo a los  empleados de supermercados, panaderías, minimercados, empresas de servicios públicos domiciliarios, droguerías y empleados públicos, entre otros, que no pueden someterse a la obligatoria medida de aislamiento social decretada por el Gobierno para mitigar la expansión de la pandemia en el país.

Las ARLs como Seguros Alfa, Positiva Compañía de Seguros, Colmena Seguros, Sura, La Equidad Seguros, AXA Colpatria y Seguros Bolívar, dice el procurador,  deberían  brindar prestaciones como asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, así como  servicios de hospitalización, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento,  rehabilitación física y profesional, sumado a los gastos de traslado necesarios para la prestación de estos servicios.

Sin embargo, Carrillo hizo énfasis en que  las prestaciones económicas corresponderán al subsidio por incapacidad temporal, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario.

“La dura prueba por la que atraviesa el país derivada de la pandemia de la COVID-19, exige hoy más que nunca el compromiso de las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social, que deberán orientar sus acciones inicialmente, al control del contagio y propagación de la enfermedad", señaló Carrillo.

Asimismo, la Procuraduría recordó que la ARL pública o privada a la que se encuentre afiliada la ESE (Empresa Social del Estado) debe suministrar los elementos de protección personal para los trabajadores dependientes o independientes.

Recientemente, el Gobierno declaró el virus como una enfermedad profesional para los trabajadores del área de la salud, incluyendo el personal de asistencia y administrativo de los hospitales, luego de  que se confirmara la muerte dos médicos por la COVID -19.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que esta acción facilitará la rapidez en la respuesta de las ARLs en todo lo que tiene que ver con los programas de prevención, atención de diagnósticos y cobertura de desenlaces fatales productos de la enfermedad.