Definitivamente, Cúcuta pareciera estar azotada por plagas diversas, puesto que ahora en plena crisis pandémica no deja de preocupar el hecho sobre la organización ilegal denominada Los tierreros, que actúa al mismo estilo de los grupos despojadores de tierras, con hombres armados para intentar apoderarse de tierras en la ciudad.

Esto hace recordar los oscuros y sangrientos tiempos en que se ejecutaban acciones para apodarse de las fincas, parcelas o grandes extensiones de tierras, a punta de intimidaciones y amenazas de toda índole, llegando a los extremos del asesinato y la desaparición.

En la actualidad hay un resurgimiento de maniobras para tomarse por la fuerza algunos predios en la ciudad, uno en la zona occidental y otro al oriente, en el barrio San Luis, en el sector de la famosa laguna.

Se ha dicho que cuando se ejecutaron los planes de vivienda social conocidos como Estoraques, Cormoranes, Ciudad Rodeo, entre otros, esta acción fue para levantar una especie de muro dirigido a contener el crecimiento urbanístico desordenado de la capital de Norte de Santander como consecuencia de las invasiones de tierras.

Al estar por allí las redes de servicios públicos pues ya va a ser más fácil comenzar a ejecutar nuevas urbanizaciones en cumplimiento de las líneas trazadas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las decisiones gubernamentales encaminadas a darle una forma más organizada a la ciudad, con los espacios adecuados para el goce del espacio público y las zonas educativas y deportivas, por ejemplo.

Sin embargo, en oposición a las nuevas proyecciones ha comenzado a verse una operación recurrente para tratar de apoderarse de lotes aledaños a Ciudad Rodeo, en donde se ven a cientos de personas que alegan no tener la capacidad para tener vivienda propia ni tampoco empleo, y detrás de ellos a individuos con armas que han atacado a los vigilantes que cuidan los lotes.

Los Tierreros, como se les denomina a esta organización que actúa muy al estilo de las fuerzas ilegales o paramilitares, tomando como escudo la necesidad de miles de familias que no tienen techo propio, deben ser enfrentados y combatidos, porque en el evento que comiencen a fructificar sus acciones, llegarán a convertirse en otro gravísimo peligro para la región.

En el Código Penal, el artículo 263 hace referencia a la invasión de tierras o edificaciones y señala que los responsables incurrirán en prisión de 32 a 90 meses, mientras que el 340 se refiere al concierto para delinquir. Ambos son violados por Los Tierreros, razón por la cual corresponde a las autoridades emprender las medidas que se requieran para que respondan por esos delitos.

La problemática referida es de alta incidencia, porque los temores van en alza indicándose que si no se les pone el freno judicial y administrativo debido, podría llegarse a desatar la peligrosa acción delincuencial de intentar apoderarse de viviendas o edificaciones, porque ahora la invasión mutó para transformarse en una operación prácticamente de tipo criminal.

Nadie desconoce que hay difíciles situaciones sociales por la gran cantidad de familias destechadas, razón por la cual es urgente pasar a solucionar esa crisis habitacional, pero también contener el negocio antisocial de las invasiones armadas, organizadas por invasores profesionales camuflados, coordinadas y manipuladas que finalmente podrían resultar enormes daños al futuro urbanístico de la ciudad.